
«No hay ninguna planta que no sea sometida a un programa de seguimiento permanente. Además, no conozco ningún caso donde hubiera un impacto sobre las praderas de posidonia, con la excepción de uno ocurrido en Mazarrón, pero que fue provocado por un barco de arrastre, no por la salmuera», asegura.
Tal como explica el presidente de la entidad que gestiona la planta, el vertido de salmuera al mar no es perjudicial para el medio ambiente, «ya que se está echando al mar lo mismo que se recoge: agua salada, sólo que un poco más».
Respecto a la posibilidad de mejorar la tecnología hasta el punto de poder extraer toda la sal del agua, de modo que por cada 50 litros de agua salada no surjan 50 litros de salmuera, como hacen en una pequeña planta experimental en Sucina, Fuentes Zorita reconoció que es «estupendo» que se minimice el impacto energético y medioambiental, pero que «eso no tiene nada que ver con Valdelentisco, donde los posibles impactos están controlados».
Reconoce, sin embargo, que existe un problema de salinidad -o concentración de sal por volumen de agua-, aunque «todo el mundo debe saber que se hace con todos los estudios habidos y por haber, y que controlamos la emisión con varios miles de indicadores y la tecnología más moderna del mundo». Además, señala que el vertido de salmuera se realiza a través de un tubo de varios cientos de metros, que alcanza la parte del mar donde la profundidad es tal que no se daña la flora y la fauna de las praderas marinas.
No opinan así grupos como Ecologistas en Acción, que premiaron la planta con una de sus Banderas Negras, con las que designan los lugares donde más se está contaminando el medio ambiente. Argumentan algunos de estos activistas, muchos de ellos científicos, que la desalinización no es sostenible, ya que, además de los daños locales que puede provocar, su coste energético resulta prohibitivo y favorece el agotamiento de los combustibles fósiles y el calentamiento global. Además, en el caso concreto de la planta de Valdelentisco, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admitió en 2007 a trámite una denuncia de Ecologistas en Acción , ya que consideró que existían irregularidades que vulneraban la legislación medioambiental. Apunta que las instalaciones ocupan una espacios protegidos y designados como LIC y ZEPA; a la vez que estimaba que no se habían cumplido los requisitos de financiación de los Fondos Feder.









