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RICARDO FERNÁNDEZ
Martes, 29 de julio 2008, 09:46
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Los vecinos de Totana siguen teniendo por alcalde a un político imputado en un delito de cohecho. Esto es, a un hombre sospechoso de haber cobrado, o intentado cobrar, una comisión por sus gestiones urbanísticas. Y eso, al margen de los delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, violación de correspondencia, fraude y malversación de los que también es sospechoso y cuya investigación sigue su curso en el Juzgado de Instrucción número 1 de Totana.
Martínez Andreo había mantenido durante semanas que no presentaría su dimisión pese a estar metido de lleno en la investigación por el caso Tótem, y que abriría un «periodo de reflexión», a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, que instruye la causa por cohecho, se pronunciase sobre si había motivos para que siguiese imputado en ese delito.
Ahora, el magistrado Julián Pérez Templado, instructor de esa pieza de la Operación Tótem, ha dado al traste con sus esperanzas de verse rápidamente exculpado por el cohecho. En un auto al que ha tenido acceso La Verdad, el juez recuerda que la defensa de Martínez Andreo había solicitado, el pasado día 14, el sobreseimiento de los cargos que pesaban contra Martínez Andreo por ese delito.
A ese respecto, Pérez Templado expone que el Ministerio Fiscal, en un informe emitido el día 24, se opone al archivo ««al entender que siguen existiendo indicios racionales de la posible comisión de ese delito, bien en grado de consumación como en tentativa».
Además, señala que ni siquiera es el momento procesal de realizar esa petición, pues tal reflexión deberá hacerse cuando el juez acuerde la apertura del juicio oral. Abrir ese debate en estos momento provocaría, según el magistrado, «un abanico de recursos e interpelaciones que a la postre sólo servirían para entorpecer el procedimiento y para obligar a la Sala a pronunciamientos previos al juicio oral».
Sin embargo, lo más significativo de las resoluciones dictadas por el TSJ esta semana es la que insta a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «a completar la investigación patrimonial realizada a José Martínez Andreo, ampliándola a las personas de sus padres y de sus suegros, por estimarse necesario dada la naturaleza y características de los hechos investigados». Una prueba más, en apariencia, de que el juez no está por la labor de dejar sin efecto en estos momentos la imputación por cohecho contra Martínez Andreo.
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