MURCIA
Uno de sus yernos, Ricardo Andreu, recuerda nostálgico como Pedro hablaba de la guerra a sus hijos en el porche de la pequeña casa que, en pocos días, dará paso a la terminación de la avenida Miguel Induráin, obra paralizada que ha de unir la carretera vieja de Alicante con Juan de Borbón.
Tras una larga guerra legal en la que hubo victorias para todos, al final ganaron los fuertes. En abril de 2006, el Ayuntamiento de Murcia decidió expropiar su casa, a cambio de recibir 163.034 euros, con lo que podrían pagar un alquiler de 18 meses y con el resto podrían optar a un piso protegido. En mayo de 2007 los técnicos le dieron un plazo de cinco días para desalojar, el juez dio la razón a los ancianos y paralizó el proceso, pero el Ayuntamiento recurrió la sentencia al Tribunal Superior de Justicia, que el pasado 27 de junio anuló la resolución que amparaba a los ancianos, ya que consideraba que la actitud de los octogenarios retrasaba una obra de interés general.
Terminado este proceso, el abogado de la familia está llevando a cabo una reclamación ante el Juzgado de lo Contencioso número 6, que en septiembre decidirá si la indemnización municipal se ajusta a lo debido.
Ayer la Plataforma Murcia No Se Vende ayudó a esta familia a ejercer su derecho al pataleo con una pequeña concentración en la que animaron a los ancianos, que siempre se han mostrado agradecidos por el apoyo popular y mediático. Uno de los representantes de la plataforma, Pedro Morote, definió esta situación como «otra de las muchas consecuencias del modelo de desarrollo urbanístico».
Por ello, recogerán firmas en apoyo de la pareja, pues opinan que «no está todo perdido» y que «el Ayuntamiento pretende ejemplarizar con esta gente para que no haya nadie que se resista». Con esta coplilla, compuesta ayer, describen la situación: «Ya son muchos los huertanos/ los que tienen que emigrar/ a un piso de realojo/ sin tierras que cultivar».









