Un grupo de destacados intelectuales ha elaborado el «Manifiesto por la lengua común», que, entre otras cosas, denuncia las discriminaciones que padecen los castellano-hablantes en comunidades autónomas bilingües.

Como era de esperar, algunos se han apresurado a descalificar el manifiesto como un ataque al resto de las lenguas españolas e incluso como una defensa de la política lingüística del franquismo. Nada nuevo. Lo de anatemizar al discrepante como franquista es uno de los hábitos heredados de la legislatura del talante, especialmente cuando de lo que discrepa el discrepante es de las políticas nacionalistas, incluidas las practicadas por los barones territoriales de los partidos de ámbito nacional. Quizá convendría que la Real Academia introdujera una nueva acepción de «franquista». Algo así como «crítico con los nacionalistas o sus políticas».

No merece la pena detenerse en estas descalificaciones. Basta con leer el manifiesto para ver que es cualquier cosa menos un ataque a los derechos de los hablantes del vasco, el catalán o el gallego, lenguas que los autores reivindican como tan españolas como el castellano. En cuanto a lo del franquismo, basta con leer la lista de los firmantes, algunos de ellos con un currículo antifranquista del que suelen carecer sus acusadores.

Hay otra línea de crítica más interesante, aunque sólo sea porque es la posición de la ministra de Educación (y cabe presumir que del Gobierno) o de personalidades como Gregorio Peces-Barba (uno de los padres de la Constitución). Esta crítica parte de una afirmación difícilmente discutible: el castellano no está en peligro de extinción en ninguna parte de España. Basándose en esta obviedad, se intenta presentar a los críticos de las mal llamadas políticas de normalización lingüística como desinformados o manipuladores. El manifiesto defendería entonces algo, el castellano, que no necesita defensa y, al hacerlo, y esto es lo más grave, estaría creando una alarma innecesaria susceptible de crear conflictos absurdos.

Pero esta crítica yerra el tiro. Lo que sí se considera en peligro no es una lengua que, como el propio manifiesto afirma, disfruta de una salud envidiable, sino los derechos de las personas que desean utilizarla en sus relaciones privadas, en sus negocios o en sus relaciones con las administraciones. Lo que se trata de preservar no es una lengua: son los derechos civiles de sus hablantes; es decir, su derecho a no ser discriminados, ni material ni simbólicamente, por razones lingüísticas. Y pienso que negar que la igualdad de derechos está siendo conculcada por las políticas lingüísticas en algunas comunidades autónomas es negar la evidencia.

Esta última afirmación, por supuesto, es discutible, y el mérito fundamental del manifiesto es proponer un debate riguroso y sin tabúes sobre esta importante y delicada cuestión. Pero tan necesario debate nacerá muerto si quienes más responsabilidades tienen lo eluden a base de sustituir la cuestión que se plantea, los derechos civiles y la igualdad de derechos, por la que no se plantea, un supuesto peligro de desaparición del castellano. Como cuando a los que denunciaban la discriminación racista en la Sudáfrica de apartheid se les replicaba que los que eran una minoría eran los blancos y que la supervivencia de la raza negra en África no corría peligro (que conste que, por sorprendente que pueda parecer, esta réplica no me la invento).

Unión Progreso y Democracia es un partido transversal, que se reclama heredero de dos tradiciones políticas, el liberalismo progresista y el socialismo democrático. Como herederos del primero, no podemos dejar de oponernos a políticas identitarias para las que los sujetos de derechos son las lenguas y no los individuos que las hablan. Como herederos del segundo, tampoco podemos dejar de oponernos a unas políticas lingüísticas que perjudican sobre todo a los sectores económicamente más desfavorecidos. Por ello UPyD ha hecho suyo el manifiesto y yo les invito a que lo lean y, si están de acuerdo con él, lo firmen (pueden hacerlo en HYPERLINK «http://www.upyd.es» www.upyd.es).

Manuel Hernández Iglesias es coordinador de Unión Progreso y Democracia en la Región de Murcia y catedrático de Lógica y Filosofía de la Universidad de Murcia.