La Verdad

La avenida Miguel Indurain, pieza clave en la planificación del Ayuntamiento de Murcia para descongestionar el tráfico de la capital, no podrá terminarse hasta que se expropien los terrenos de Pedro Camacho y Violante Pardo. Ellos tienen más de 80 años, no se quieren ir de su hogar y mucho menos para vivir en un bloque de pisos, una idea que les extraña y asusta. Son las dos caras de una batalla en la que el Ayuntamiento tiene las de ganar, pues el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha anulado una sentencia en la que se reconocía el derecho del matrimonio a permanecer en su casa por motivos de salud.

«Nosotros somos huertanos, queremos quedarnos aquí y, si no podemos, que nos den otra casa, pero que sea en la huerta, que sabemos lo que hay que hacer», dice Pedro, de 89 años. Violante, de 84 años, anda poco y con muletas. Pedro está prácticamente ciego «desde que me dijeron que me tenía que ir». En estas circunstancias, ambos se preguntan a dónde irán: «¿Qué haremos? Tal como estamos, todo son porrazos».

En abril del 2006, el Ayuntamiento de Murcia acordó expropiar unos terrenos junto a la Senda de Granada, para construir el tramo de la avenida Miguel Indurain que irá desde Juan de Borbón hasta la carretera de Alicante. La parcela incluye una tahúlla (algo más de 1.000 metros cuadrados) en la que se sitúa la casa de Pedro y Violante, la de su hijo Francisco -que vive allí con su mujer y dos de sus cuatro hijos-, y un pequeño huerto donde todavía cultivan la tierra.

Pedro Camacho recuerda claramente el primer día que le dijeron que tenía que marcharme. «Vinieron unos señores con unos papeles y me dijeron que tenía que irme. Yo les pregunté a dónde y no supieron decirme. Así no se hacen las cosas», cuenta Pedro. De igual manera pensaron sus hijas, que fueron las que consultaron a un bufete de abogados. En septiembre de 2007, uno de estos letrados presentó un recurso de paralización de la expropiación por motivos de salud. Y funcionó. Un juez de lo contencioso-administrativo reconoció que echar de su hogar a esta pareja de ancianos podía ser traumático e incluso fatal.

Sentencia anulada

Sin embargo, el Ayuntamiento aún no había dicho su última palabra. Consciente de la necesidad de esos terrenos para construir la avenida, recurrió al Tribunal Superior, que este miércoles revocó la decisión del primer juez. Asimismo, el Consistorio advirtió ayer que la sentencia señala que el municipio no tiene que buscar una vivienda de alquiler, sino a sus familiares, y recordó que ha garantizado siempre el realojo de ambos, si bien reconoce que es imposible hacerlo en una vivienda similar.

Sin embargo, aconsejado por sus abogados y familiares, Pedro asegura que no se irá fácilmente «hasta que no nos den una casita en la huerta». En este sentido, recuerda que muchos de sus vecinos se fueron «y ahora se arrepienten. Si lo hubiesen pensado antes, podríamos habernos unido. La unión hace la fuerza».