En relación a la compra de los terrenos del Ministerio de Defensa, Mendoza dijo que salieron tres veces a subasta y quedaron libres. «Nadie los quiso comprar. Varios empresarios dijeron que eran muy caros por tratarse de una zona de equipamiento militar. El Ministerio se los ofreció incluso a los antiguos propietarios, que tampoco los quisieron. Al final, yo pagué por ellos 711 millones de pesetas. Y he restaurado los edificios militares. No se ha hecho nada más hasta que no se cambie el Plan Urbano de Cartagena».
Respecto al general que está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas, y que es el mismo que vendió los terrenos de Los Dolores, Mendoza contestó que «yo me he limitado a comprar y punto. No tengo culpa de lo que haya podido hacer ese señor en otro sitio. Sólo sé que una vez nos reunimos con dos generales, de cuyos nombres ni me acuerdo. Entramos a negociar la compra cuando las subastas estaban agotadas. El Ministerio puso el precio con criterios objetivos».
Entramado societario
El presidente de la Fundación San Antonio, por otra parte, niega que existan sociedades satélite a la Fundación dirigidas por él y su familia, como señala la denuncia, que advierte de un entramado societario de «muy dudosa legalidad». Para Mendoza, se trata de «empresas legales, cada una con su identificación fiscal. Una de ellas fue creada para atender la cafetería de la universidad, ya que la que teníamos contratada daba un mal servicio y era abusivo».
Tacha de «barbaridad» la denuncia de que se estén desviando fondos de la UCAM para cubrir las deudas de estas sociedades. «Si hiciera eso, se me caería el pelo. Nosotros somos auditados y fiscalizados todos los años por el Servicio de Fundaciones. Si eso fuera verdad, ya lo habrían detectado». Mendoza insistió en que la Iglesia «nunca ha puesto un duro en la Universidad Católica. Al contrario, nosotros hacemos donaciones millonarias».








