
Navarro se reunió ayer con el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, en la ronda de visitas que éste último está llevando a cabo tras su nombramiento. Sobre la mesa, según el alcalde, temas como los progresos en la construcción de la nueva prisión, la inseguridad ciudadana o la posibilidad de levantar un cuartel de la Guardia Civil en la zona. Ni una referencia, en cambio, a la urbanización bloqueada que trae de cabeza a miles de personas.
«Lo que más me importa, en este momento, es salvaguardar los intereses de los ciudadanos», defendió ayer el alcalde. «Todo pasa por un consenso político a nivel regional». Navarro, que ha dejado su caso en manos de un importante bufete de abogados, reclamó ayer «voluntad política para buscar una solución, como ya se ha hecho en otros casos». El ejemplo fue Alhama.
El alcalde de Campos del Río exigió que todos los flancos asuman sus responsabilidades para lograr encontrar una solución al conflicto lo antes posible. Él, a su entender, ya lo está haciendo. «Me estoy desviviendo por sacar adelante este proyecto».
Parece que el consenso con el que Navarro pretende sacar adelante la urbanización de Trampolín está bastante lejos de lograrse. O al menos, eso se desprendía ayer de las palabras que Miguel Buendía, portavoz del PP en Campos del Río, concedió a La Verdad. «Lo que busca el alcalde es un apaño», declaró; «Si la responsabilidad, que él mismo ha generado, le viene grande, sólo tiene que irse a su casa».
El equipo de Buendía ya presentó una denuncia ante Fiscalía, en la que acusan al alcalde de presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y negociación de funcionarios públicos en este proyecto. Con estos antecedentes, sostiene el popular, «¿dónde cabe el consenso ahora?». Buendía descarta rotundamente la posibilidad de negociar ahora un proyecto que han venido denunciando de forma sistemática.









