REGIÓN MURCIA
El PSOE sostiene que se le da la razón al obispo y le invita a recurrir
31.05.08 -
El consejero de Presidencia, Juan Antonio de Heras, confirmó ayer la decisión de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de levantar la suspensión cautelar sobre los estatutos de la Universidad Católica, ya que entienden que «no son contrarios a derecho», tal como publicó La Verdad. Esta decisión no afecta, según De Heras, a la controversia sobre la titularidad, «que sigue estando donde estaba, en la Iglesia Católica, cuyo máximo representante en la Región es el Obispado, como se refleja en este dictamen».
El consejero señaló que «la aparente contradicción» en los dos primeros artículos de los estatutos no es tal. «No varía lo establecido en el decreto por el que se creó la universidad en 1996, que ya reflejaba que la titularidad era de la Diócesis y que ésta encomendaba la gestión a la Fundación San Antonio de Murcia. Los servicios jurídicos se han apoyado en la única interpretación legal que se puede hacer de esta supuesta discrepancia dentro de los estatutos, así como en la interpretación que en octubre de 1997 ya hizo la Administración del Estado y que esgrime un decreto del Tribunal Constitucional, según el cual debe ser tomada como válida toda norma estatutaria sujeta a interpretación».
Esta interpretación de los estatutos «es la única» que los hace válidos, según De Heras, quien negó que la Comunidad Autónoma se haya agarrado al único resquicio por el que podía salir del paso en que se encontraba.Concluyó que corresponde ahora a las autoridades eclesiásticas dirimir quién tiene la razón.
Jara: «Es contradictorio»
El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, destacó «la contradicción del Gobierno regional. Deja claro que la titularidad es de la Iglesia Católica y de la Diócesis de Cartagena, y por otro lado rechaza el recurso que presentó el obispo. No se entiende en absoluto». Jara explicó a La Verdad que el PSRM-PSOE estaba estudiando el informe del Ejecutivo autonómico y que el próximo lunes se pondrá en contacto con el Ministerio de Educación para aclararlo.
«Creemos que el Gobierno regional viene a darle la razón a la Diócesis de Cartagena. Me imagino que el obispo interpondrá un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia y creo que el Ministerio de Educación, como parte afectada, también podría hacer lo mismo», concluyó Jara.
El consejero señaló que «la aparente contradicción» en los dos primeros artículos de los estatutos no es tal. «No varía lo establecido en el decreto por el que se creó la universidad en 1996, que ya reflejaba que la titularidad era de la Diócesis y que ésta encomendaba la gestión a la Fundación San Antonio de Murcia. Los servicios jurídicos se han apoyado en la única interpretación legal que se puede hacer de esta supuesta discrepancia dentro de los estatutos, así como en la interpretación que en octubre de 1997 ya hizo la Administración del Estado y que esgrime un decreto del Tribunal Constitucional, según el cual debe ser tomada como válida toda norma estatutaria sujeta a interpretación».
Esta interpretación de los estatutos «es la única» que los hace válidos, según De Heras, quien negó que la Comunidad Autónoma se haya agarrado al único resquicio por el que podía salir del paso en que se encontraba.Concluyó que corresponde ahora a las autoridades eclesiásticas dirimir quién tiene la razón.
Jara: «Es contradictorio»
El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, destacó «la contradicción del Gobierno regional. Deja claro que la titularidad es de la Iglesia Católica y de la Diócesis de Cartagena, y por otro lado rechaza el recurso que presentó el obispo. No se entiende en absoluto». Jara explicó a La Verdad que el PSRM-PSOE estaba estudiando el informe del Ejecutivo autonómico y que el próximo lunes se pondrá en contacto con el Ministerio de Educación para aclararlo.
«Creemos que el Gobierno regional viene a darle la razón a la Diócesis de Cartagena. Me imagino que el obispo interpondrá un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia y creo que el Ministerio de Educación, como parte afectada, también podría hacer lo mismo», concluyó Jara.
