La Verdad

La Ley 57/68 obliga a que las promotoras que reciban dinero a cuenta por la adquisición de una vivienda entreguen un aval a los compradores, con el fin de que puedan ejecutarlo y recuperar inmediatamente su dinero si las obras no llegan a realizarse, o si se retrasan de forma excesiva. Los avales, según ese texto legal, deben ser expedidos «por una entidad aseguradora, inscrita y autorizada en el registro de la Subdirección General de Seguros», un banco o una caja de ahorros.

Trampolín Hills reconoce que ha recibido unos 52 millones de euros en dinero a cuenta por la adquisición de viviendas, de los que seis millones están cubiertos por La Caixa (esos avales no ofrecerían duda alguna, a priori), otros seis millones no tienen cobertura alguna, ya que los clientes no los solicitaron, y otros 40 millones están cubiertos por la compañía Swiss Finantial Corporation.

El problema existente con esta última firma es que la Dirección General de Seguros advierte de que no tiene autorización para actuar en España y que cualquier contrato de seguro o similar sería «nulo de pleno derecho». Esto es, que estos avales no tendrían validez alguna, según publicó el sábado La Verdad.

Trampolín Hills, sin embargo, niega ese hecho y afirma que Swiss Finantial ha sido autorizado a operar por parte del Ministerio de Justicia. Como prueba de ello presenta lo que parece un poder, en el que un abogado del Estado autoriza a un particular, José Enrique Martín, a actuar en nombre de Swiss Finantial y a emitir avales y cauciones.

Al ser advertido el representante de Trampolín Hills por este periódico de que la ley obliga a que la aseguradora esté autorizada por la Dirección General de Seguros, y no por ningún otro organismo, el letrado aseguró que «ésa es una cuestión que deben aclarar entre ambos ministerios, porque no es posible que uno autorice y el otro no», y manifestó que, en cualquier caso, «los engañados seríamos nosotros, que ya hemos pagado más de 450.000 euros a esa compañía para que nos avale las viviendas».