región
Dos abogados ponen otras dos querellas contra la constructora por estafa
28.05.08 - 08:12 -
EN EL JUZGADO. Los abogados Valdés Albistur (derecha) y Antonio Madrid, ayer, presentando las denuncias. / CANAL 6
Dos abogados, Francisco Valdés Albistur y Antonio José Madrid Osete, interpusieron ayer sendas querellas por estafa ante el Juzgado de Instrucción de Mula, dirigidas contra la firma Trampolín Hills y contra su presidente, Antonio Martínez. Las dos nuevas denuncias han sido presentadas en representación de tres clientes que supuestamente intentaron recuperar sin éxito el dinero que dieron a cuenta: más de 20.000 euros en cada caso.
Los querellantes ponen de manifiesto que la empresa no cumplió con la obligación legal de otorgarles un aval por las entregas a cuenta y que, en el contrato de compraventa, se limitó a reflejar que existía un «aval empresarial». Según las denuncias, a las que ha tenido acceso La Verdad, al enterarse pasado un tiempo de que ese supuesto aval no tenía validez alguna, los compradores trataron en repetidas ocasiones de que la promotora les proporcionase otro emitido por un banco, una caja de ahorros o una aseguradora autorizada, lo que la constructora habría rechazado.
Tampoco les habría devuelto el dinero entregado a cuenta.
En las querellas se recoge así que el hecho de introducir la fórmula «aval empresarial» en el contrato, a sabiendas de que ello no tiene validez, demuestra un deseo de «inducir a error al comprador, de forma voluntaria y dolosa, para obtener con ello un efectivo e importante desplazamiento patrimonial».
Por todo ello solicitan al juez que se tome declaración como imputado a Martínez, que se le fije una fianza mínima de 25.000 euros por cada una de las viviendas adquiridas por los querellantes, y que se le requiera para que aporte los avales legalmente exigidos, así como los permisos para construir la urbanización.
Los querellantes ponen de manifiesto que la empresa no cumplió con la obligación legal de otorgarles un aval por las entregas a cuenta y que, en el contrato de compraventa, se limitó a reflejar que existía un «aval empresarial». Según las denuncias, a las que ha tenido acceso La Verdad, al enterarse pasado un tiempo de que ese supuesto aval no tenía validez alguna, los compradores trataron en repetidas ocasiones de que la promotora les proporcionase otro emitido por un banco, una caja de ahorros o una aseguradora autorizada, lo que la constructora habría rechazado.
Tampoco les habría devuelto el dinero entregado a cuenta.
En las querellas se recoge así que el hecho de introducir la fórmula «aval empresarial» en el contrato, a sabiendas de que ello no tiene validez, demuestra un deseo de «inducir a error al comprador, de forma voluntaria y dolosa, para obtener con ello un efectivo e importante desplazamiento patrimonial».
Por todo ello solicitan al juez que se tome declaración como imputado a Martínez, que se le fije una fianza mínima de 25.000 euros por cada una de las viviendas adquiridas por los querellantes, y que se le requiera para que aporte los avales legalmente exigidos, así como los permisos para construir la urbanización.
