La Verdad

El temor y la preocupación se extienden a toda velocidad entre quienes han comprado una vivienda en Trampolín Hills Golf Resort de Campos de Río. Las evidentes dificultades con las que se está encontrando este proyecto urbanístico, cuya aprobación provisional está paralizada desde hace meses por la incapacidad del equipo de gobierno municipal (PSOE) de sacarlo adelante, han propagado la sospecha de que el resort -2.800 viviendas y un campo de golf- puede llegar a no ser construido nunca y, en esa tesitura, son decenas ya los clientes que están tratando de recuperar el dinero que entregaron a cuenta por la reserva de una vivienda. Con la desagradable sorpresa en muchos casos, según ha constatado La Verdad, no sólo de que la compañía inmobiliaria les está poniendo trabas para reembolsarles el dinero, sino que además la gran mayoría de los avales presentados por la promotora no tienen validez legal alguna.

La ley exige, desde 1968, que cualquier empresa promotora o constructora que reciba cantidades a cuenta de viviendas proyectadas, está obligada a avalar esas cantidades mediante aval bancario o contrato de seguro con una entidad autorizada a operar en España. En el caso de Trampolín Hills Golf Resort, en unos casos los compradores no ha recibido aval alguno y en otros casos el aval corresponde a la aseguradora Swiss Finantial Corporation LTD, que no está autorizada a actuar en España, o por la firma Solera El Trampolín, que tampoco tendría validez alguna por no ser una entidad bancaria ni una aseguradora autorizada por la Dirección General de Seguros.

«Algunos no lo pidieron»

El abogado Diego de Ramón, que representa los intereses de Trampolín Hills, ha reconocido en conversación con La Verdad que algunos compradores, sobre todo españoles, no pidieron avales -es la empresa la que los tiene que entregar de forma obligada-, y que los que se entregaron corresponden a la citada Swiss Finantial Corporation -sin validez- y sólo una pequeña parte (hasta cubrir unos seis millones de euros) están avalados por La Caixa, por lo que éstos sí serían perfectamente validos.

Según reconoció hace unos días el representante de Trampolín Hills Juan Francisco Canales, un porcentaje importante de las 2.800 viviendas previstas ya están vendido, motivo por el cual la empresa ha recibido unos 50 millones de euros (unos 8.300 millones de pesetas) en entregas a cuenta.

El principal problema que acarrea no contar con un aval válido es que, si la urbanización no llega a construirse, o si los compradores consideran que la empresa no ha cumplido los plazos o no ha respetado el contrato, no pueden ejecutar esos avales y recuperar automáticamente su dinero, con el 6% además de interés anual que establece la Ley 57/1968.

Se verían entonces obligados a actuar contra la empresa constructora y contra su patrimonio y el de sus propietarios para tratar de recuperar lo invertido.

Si es cierto, como mantiene la propia firma, que La Caixa sólo avala unos 6 millones de euros, los otros 44 millones no estarían avalados conforme a ley.

Se sienten engañados

En estas circunstancias -con el proyecto paralizado desde hace meses, con la compañía negándose a rescindir los contratos y a devolver el dinero recibido a cuenta y con unos avales que en su mayor parte aparentan ser papel mojado-, algunos compradores han comenzado ya presentar las primeras denuncias por estafa ante los juzgados.

En estas denuncias interpuestas -este periódico está en posesión de documentos que así lo acreditan--, se hace constar que los responsables de Trampolín Hills Golf Resort han incumplido la obligación legal de otorgarles avales válidos, que se niegan a devolverles el dinero entregado a cuenta y que se consideran «engañados».

En una de las denuncias, presentada por el abogado Joaquín Guzmán contra Trampolín y su presidente, Antonio Martínez, se expone que «el denunciado, que opera a través de sociedades para eludir su responsabilidad personal, utilizó engaño bastante para conseguir el desplazamiento patrimonial, ya que convenció a los denunciantes, que necesitaban una vivienda, para que entregasen cantidades a cuenta de la misma, haciéndoles creer que estaban garantizadas legalmente, a pesar de constarle que el supuesto aval que entregaba carecía de valor alguno, consiguiendo con esta maniobra recoger elevadas cantidades de dinero».

Los denunciantes van más allá al señalar en su escrito que «tenemos motivos para sospechar que la intención del denunciado es no hacer la obra y quedarse con las cantidades recibidas». Y añaden que «nuestra alarma se ha incrementado al comprobar en diversos foros de internet que somos muchos los compradores de buena fe que estamos sufriendo lo que parece una estafa inmobiliaria».

Acaba la denuncia judicial señalando que «el denunciado diseñó cuidadosamente un plan para conseguir ilícitos objetivos, ya que ofrecía unas viviendas con una atractiva relación calidad-precio, y daba imagen de solvencia, aprovechándose de las necesidades de vivienda de los afectados y de la buena fe de los mismos que, en un primer momento, no tuvieron motivos para pensar que se convertirían en víctimas de una estafa».

Joaquín Guzmán considera llegado el momento de que «los compradores actúen unidos en la defensa de sus derechos, tanto para el caso de que las obras no lleguen a finalizarse o no lo hagan en el plazo pactado, como para exigir la resolución del contrato o la prestación de un aval ajustado a ley».

Resoluciones de contrato

Es el caso del letrado Antonio José Madrid, del despacho Valdés Albistur Abogados, que confirma que lleva meses pidiendo avales con validez legal a la compañía, habiendo recibido la callada por respuesta, y que tiene en marcha expedientes de varios clientes que ya han solicitado la resolución del contrato y la devolución del dinero entregado a cuenta.

Madrid avanzó que esos clientes ya le han empujado a presentar una denuncia por vía penal, o una querella, y que es previsible que tenga redactada la misma e interpuesta a lo largo de la próxima semana.