UNIVERSIDAD DE MURCIA
Partidos, sindicatos y asociaciones, contra «los privilegios» a la UCAM
La oposición y diversas organizaciones sociales reclaman al Gobierno regional que «supervise y vele» por la calidad de la enseñanza universitaria
07.05.08 -
MOVILIZACIÓN. Universitarios protestan en Murcia contra la implantación de una facultad de Medicina por parte de la UCAM. / G. CARRIÓN
La Plataforma por una Democracia Universitaria fue constituida ayer en Murcia por una veintena de organizaciones, entre las que destacan los principales partidos en la oposición regional, los sindicatos mayoritarios, ecologistas y la Federación de APAS.
En el manifiesto que hicieron público exigen al Ejecutivo autonómico que «cumpla con su deber constitucional de supervisión y homologación para garantizar que nuestras tres universidades cumplan con las leyes, sean transparentes en sugestión, practiquen una leal competencia interuniversitaria y proporcionen una docencia y una investigación de calidad».
En este punto lanzaron sus críticas contra el supuesto trato de favor a la UCAM considerando «completamente inaceptable que pueda gozar de privilegios excepcionales al margen de la ley, y menos aún que se la pueda utilizar para lograr el lucro personal a través de medios ilícitos». Los portavoces de la Plataforma se mostraron «preocupados» porque el Gobierno regional murciano, y en especial la Consejería de Educación, «no demuestren la voluntad política necesaria para evitar este tipo de irregularidades, que perjudican muy gravemente a todo el sistema universitario y al conjunto de la sociedad murciana», observaron.
Por ello anunciaron que promoverán una comisión de investigación sobre la UCAM en la Asamblea Regional, así como la investigación de la Fiscalía de estas «anomalías». Se refieren, entre otros asuntos, a la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento de Murcia y a la compra de parcelas en Cartagena «a un general imputado» y otras acusaciones que circulan sobre José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, por la Red en forma de dossier informativo. Mendoza respondió a la mayoría de ellas en la entrevista que publicó el pasado domingo La Verdad.
La Plataforma pide asimismo al Gobierno que «haga de la educación, la cultura y la investigación el eje fundamental del desarrollo de la sociedad murciana» y, por tanto, el «máximo compromiso político y financiero con las universidades públicas» de la Región.
En el manifiesto que hicieron público exigen al Ejecutivo autonómico que «cumpla con su deber constitucional de supervisión y homologación para garantizar que nuestras tres universidades cumplan con las leyes, sean transparentes en sugestión, practiquen una leal competencia interuniversitaria y proporcionen una docencia y una investigación de calidad».
En este punto lanzaron sus críticas contra el supuesto trato de favor a la UCAM considerando «completamente inaceptable que pueda gozar de privilegios excepcionales al margen de la ley, y menos aún que se la pueda utilizar para lograr el lucro personal a través de medios ilícitos». Los portavoces de la Plataforma se mostraron «preocupados» porque el Gobierno regional murciano, y en especial la Consejería de Educación, «no demuestren la voluntad política necesaria para evitar este tipo de irregularidades, que perjudican muy gravemente a todo el sistema universitario y al conjunto de la sociedad murciana», observaron.
Por ello anunciaron que promoverán una comisión de investigación sobre la UCAM en la Asamblea Regional, así como la investigación de la Fiscalía de estas «anomalías». Se refieren, entre otros asuntos, a la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento de Murcia y a la compra de parcelas en Cartagena «a un general imputado» y otras acusaciones que circulan sobre José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, por la Red en forma de dossier informativo. Mendoza respondió a la mayoría de ellas en la entrevista que publicó el pasado domingo La Verdad.
La Plataforma pide asimismo al Gobierno que «haga de la educación, la cultura y la investigación el eje fundamental del desarrollo de la sociedad murciana» y, por tanto, el «máximo compromiso político y financiero con las universidades públicas» de la Región.
