
El real decreto-ley salió adelante con 318 votos favorables, uno en contra (Gaspar Llamazares) y dieciséis abstenciones (10 de CiU, 2 de ERC, 3 del grupo Mixto, y uno de la diputada del PP por Zaragoza, Luisa Fernanda Rudí).
Además, pese a la petición del PP (fue rechazada por 169 votos), el real decreto no se tramitará como proyecto de ley.
La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, recordó que las reservas hidráulicas de Cataluña están en el 23% de su capacidad, lo que «podría obligar a imponer restricciones al consumo doméstico a corto plazo».
El real decreto-ley prevé la construcción de una tubería de 62 kilómetros de longitud que reconducirá agua de los regantes del Ebro «sin extraer una gota adicional».
Esa conducción, subrayó, evitará restricciones en el consumo de agua de cinco millones de personas y, además, es la medida más «idónea y respetuosa con el medio ambiente» de las posibles.
El diputado del PP Juan de Dios Martínez acusó al Gobierno de aprobar un trasvase tras haber derogado el que incluía el Plan Hidrológico Nacional, que de haberse realizado, «hoy el problema estaría resuelto sin tener que mentir a los españoles».
Además, preguntó a la ministra «¿qué tiene que pasar para que decidan resolver el problema del agua en Aragón, Valencia, Murcia o Almería?», porque «millones de españoles tienen un problema grave y el Gobierno no puede seguir poniendo parches» y porque «en España no puede haber privilegios». CiU se abstuvo porque «por las formas, engaños y mentiras parlamentarias, y por la literalidad del texto legal».









