La Verdad

El senador y ex alcalde de Ceutí y senador del PSOE, Manuel Hurtado comparecerá como imputado el próximo 15 de mayo ante el juzgado Número 5 de Molina de Segura por un presunto delito de prevaricación administrativa en la adjudicación de las obras de construcción de un complejo deportivo en el municipio en el año 2003.

En concreto, se trata de la adjudicación de la construcción del polideportivo José Antonio Camacho, por un importe de 1.883.263,85 euros.

La declaración ya está fijada por resolución y, salvo que haya alguna circunstancia de suspensión, no se modificará. Sin embargo, las mismas fuentes apuntaron que el hecho de que el imputado sea senador «va a producir la inhibición del juzgado a favor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo».

En este sentido, declaró que «la primera pregunta que el letrado que lleva el caso va a hacer a Hurtado en el interrogatorio es si es senador, y si responde afirmativamente, automáticamente va a instar que el juzgado se inhiba y mande las actuaciones al Tribunal Supremo».

Hurtado se enteró de la noticia al ser contactado por esta redacción y reconoció no haber «recibido ninguna comunicación, desde hace un año, me parece injusto que me entere por la prensa».

El senador confirmó que su aforamiento desviaría el tema al Supremo, pero que «es pronto para hablar de defenderme, ya que ni siquiera conozco la resolución del juzgado. No tengo ni abogado, pero es que me parece que sería ponerme la venda antes de que me tiren la piedra».

Hurtado se defiende

Hurtado añadió que «los alcaldes no redactamos los contratos ni somos técnicos, sólo firmamos», y señaló que «debe haber alguien con mucho interés en este asunto, después de que el juez archivara la querella y la Fiscalía recurriera la decisión».

El que fue durante 28 años alcalde de Ceutí añade que «no pude cometer prevaricación porque a mi nadie me ha hecho advertencia de ilegalidad del contrato, ni el interventor, ni los servicios jurídicos».

Los hechos se remontan a mayo del 2007, cuando dos miembros del PP presentaron una querella criminal ante el Juzgado de Instrucción de Molina contra Hurtado , por «presunto delito de prevaricación y un presunto delito de falsedad documental en la adjudicación y contratación de una obra a espaldas del órgano competente».

Sin embargo, la jueza sobreseyó el pasado mes de junio la querella «porque consideraba que la irregularidad en el procedimiento de adjudicación era una mera irregularidad administrativa, y que no era lo suficientemente grave como para ser un delito», aunque «no se dio cuenta que la contratación era posterior a la construcción», expuso. Dos meses más tarde, tanto el Ministerio Fiscal como la parte querellante recurrieron ese sobreseimiento, momento en el que el Ministerio dijo que había que investigarlo porque «podía ser un delito de falsedad, porque parecía que se había hecho un procedimiento de contratación para justificar una obra adjudicada a dedo y realizada con casi seis meses de antelación».

Aunque la querella se presentó en un primer momento por un presunto delito de prevaricación, «a efectos administrativos lo que hay es un delito de falsedad», declararon las fuentes consultadas. Así, la gravedad «reside en que hay unas certificaciones de obra que no responden a obra efectivamente realizada cuando se hizo la certificación, sino a obra hecha casi un año antes», y es que el complejo «se inauguró en diciembre de 2003, la contratación entre el Ayuntamiento y la empresa constructora se firmó en abril de 2004, y la certificación de obra se realizó en agosto de 2004»