La Verdad

Toda transferencia de caudales entre cuencas hidrográficas diferentes se considera un trasvase, de acuerdo con la legislación actual. En este caso existe cierta complejidad. Por un lado se trata de derivar agua procedente de la desembocadura del Ebro a Barcelona. O sea, de la cuenca del Ebro a la Cuenca Interna de Cataluña, pero con la peculiaridad de que esos caudales corresponden a una concesión de agua que ya tiene Tarragona concedida desde el año 1982, y que suma unos 121 hectómetros anuales. El Gobierno central propone comprar una parte de ese volumen para impulsarlo hasta Barcelona mediante la prolongación del minitrasvase que ya existe. El argumento final es que no se detrae del Ebro más agua, sino que se redistribuye la extracción máxima anual que ya existía.

Zapatero se propone aplicar la fórmula de la compra de derechos, prevista en la ley y en los decretos de sequía, como ya se hace en la cuenca del Segura en los dos últimos años, que ha adquirido por esta vía más de 100 hectómetros a regantes de Estremera y Aranjuez, usuarios del Tajo. Estas transferencias, no obstante, se computan «como caudales trasvasables a todos los efectos», según dejó claro en su día el Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, van a cuenta del máximo anual trasvasable por ley desde la cabecera del Tajo. Estas operaciones, por tanto, se consideran transferencias de caudales o trasvases (blandos, si se quiere matizar), aunque no generan nuevas obligaciones en la cuenca cedente, ni tampoco derechos en las cuencas receptoras. Aplicando esta regla, si es excepcional para la cuenca del Segura, debe serlo también para Barcelona.