La Verdad

El Gobierno español ha advertido al relator contra la Tortura de la ONU, el austriaco Manfred Nowak, que algunos de los datos que incluye en su último informe sobre supuestos malos tratos a detenidos de ETA y de las organizaciones de su entorno son falsos. El experto de Naciones Unidas maneja información facilitada por organizaciones no gubernamentales que no identifica sobre supuestos casos de malos tratos que nunca fueron denunciados ante la Justicia española. El último informe de Nowak a la Asamblea General sobre la situación de la tortura y los malos tratos en el mundo data del pasado 18 de febrero.

El capítulo dedicado a España señala, entre otros extremos, que organizaciones no gubernamentales le han informado de que las fuerzas de seguridad españolas incomunican «de manera sistemática» a los detenidos por vínculos con la banda terrorista ETA y que, sólo en los diez primeros meses del 2007, aplicaron durante días esta restricción de derechos al menos a 65 arrestados en el País Vasco. El relator añade que las mismas fuentes le han indicado que de estos 65 detenidos incomunicados, al menos 24, a los que menciona con nombres y apellidos, han denunciado malos tratos y torturas durante su estancia en dependencias policiales. Todos ellos fueron detenidos por actos de kale borroka o por tenencia de documentación falsa y de manuales de confección de artefactos explosivos.

Incomunicación

El Ministerio del Interior, en las tres cartas de contestación que remitió a Nowak en el último año, aclara que no es cierto que la incomunicación se aplique en España «de forma sistemática y automática» a terroristas y a prófugos -los supuestos que autoriza la ley- sino que es una medida excepcional, siempre dictada por un juez, que está obligado llevar un control y a motivarla y fundamentarla en las primeras 24 horas de arresto. El departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba explica que de los 293 arrestados a los que en el 2007 cabía aplicarles la medida sólo se hizo con 110, el 37,5%, y que si sólo se toman los imputados por vínculos con ETA la proporción desciende al 30.

Y, respecto a las denuncias por torturas, Interior advierte a Nowak de que de los 24 detenidos que él menciona como presuntas víctimas de malos tratos, según las organizaciones no gubernamentales, sólo dos denunciaron los hechos ante los jueces españoles. De los otros 22 supuestos, no hay forma de contrastar la información remitida a la ONU por esas organizaciones no identificadas. El relator reitera su preocupación por el mantenimiento de la detención incomunicada.