En concreto, refleja 57 facturas entre los años 2003 y 2005 por un montante de 344.311 euros. Añade el fiscal que el concejal intervino «posiblemente en el procedimiento previo de contratación y no siguiendo los trámites que marca la ley de contratos de las administraciones públicas». Subraya además que «en algunos casos se facturó por encima del trabajo real (...) No aparecen amparadas por memoria técnica alguna y no se describe el trabajo». Sostiene que el concejal debió abstenerse y que pudo vulnerar cinco preceptos.








