La Verdad

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, pidió ayer en Murcia confianza en la Administración de Justicia, calificó de «lamentable» que el PP «hable de manejar a jueces o fiscales» y se refirió a la necesidad de luchar con energía contra la corrupción «venga de donde venga».

El ministro dijo haberse sentido avergonzado al leer en los medios de comunicación las conversaciones grabadas a altos cargos del PP presuntamente vinculados a los supuestos casos de corrupción urbanística en las localidades de Torre Pacheco y Fuente Álamo, conocidas tras ser levantado de forma parcial el secreto del sumario.

«Vaya conversaciones», exclamó el ministro que se mostró convencido de que los murcianos se avergüenzan de los corruptos y de que el PP «considere que se puede manejar a un fiscal o un juez».

El ministro, que se lamentó de que los casos de corrupción afectan a todos (los partidos), dijo que ésta hay que combatirla con energía, y afirmó que, mientras el PSOE cuando (detecta uno) reacciona de «forma inmediata y corta y excluye, como debe ser, de la organización», el PP «duda, da marcha atrás y busca culpables ajenos».

En este sentido pidió que se apoye a la Justicia y a sus profesionales que defienden el interés público y «si alguien, de uno u otro partido, se ha lucrado, que lo pague», para añadir que «no es una buena actitud echarle la culpa al ministro de Justicia y a la Administración de Justicia, que es independiente», señaló.

Por su parte, el portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, mostró su estupor ante las declaraciones efectuadas ayer por el portavoz popular Juan Carlos Ruiz en las que afirmaba que Murcia vive «una operación Bermejo», y dice que «no ha habido revelación de secretos sumariales, sino levantamiento parcial del secreto, por lo que todos los ciudadanos tienen acceso a la información».

Jara responde así a unas declaraciones del secretario ejecutivo de Política Local y Autonómica del PP de la Región, quién ayer afirmaba en un comunicado que Murcia vive una «Operación Bermejo» en alusión a la publicación de unas conversaciones telefónicas de los alcaldes de Fuente Álamo y de Torre Pacheco, cuya grabación ha sido ordenada por un juez.

El dirigente socialista advierte que la trama de corrupción urbanística sería «imposible sin el conocimiento de la Administración regional, que es la competente en materia de Ordenación del Territorio, tal y como parece además evidente por las conversaciones de algunos imputados, en las que afirman textualmente que el presidente Valcárcel está al corriente».