La Verdad

Al margen de los derroteros judiciales del caso, el sumario de la presunta trama de corrupción en Torre Pacheco está dejando al descubierto un tejido de favores y de compadreo al servicio de un club de amigos y conocidos, afanados al parecer en bordear la legalidad para cuidar sus intereses. Una de las figuras clave, el constructor Facundo Armero, mantenía unas relaciones privilegiadas, de accesibilidad e influencia, con alcaldes y concejales de la comarca, que se veían en la obligación de complacerle, si se toman en consideración algunas grabaciones telefónicas y la denuncia de la Fiscalía del TSJ. Podría decirse que ejercía una especie de caciquismo del ladrillo, en su cortijo particular, consentido por algunos regidores y políticos.

El problema no es tanto que un empresario reclame contratos, influencia y poder, sino que haya políticos dispuestos o que miren hacia otro lado.

La otra figura, el alcalde de Torre Pacheco, debe responder como mínimo a la gravedad de las incompatibilidades que le atribuye el fiscal del caso, cuando pone el acento en que supuestamente benefició como alcalde a quien fue su cliente en su anterior etapa de abogado. Que el alcalde diga que «se puede hablar de muchas cosas, pero luego la gestión es legal», no le deja precisamente en buen lugar, ya que revela la intención primera de esquivar la legalidad o al menos de tratar de supeditar las leyes a determinados intereses, teniendo para ello despachos abiertos y políticos de la misma cuerda en instancias superiores dispuestos a facilitar la tarea o echar un cable. Cabe preguntarse si el resto de empresarios y particulares de la Región lo tienen tan fácil cuando tratan de salvar obstáculos relacionados con las licencias y el uso y calificación del suelo.

Hay voces dentro del PP críticas con la duración de los mandatos porque devienen a menudo en el amiguismo y las corruptelas. Lo que estamos viendo estos días va un poco más allá. Cuando un alcalde tiene enfrente unas imputaciones de este cariz, debe apartarse del cargo hasta que todo se aclare. Martínez Andreo, primer edil de Totana, mantiene su acta pese a haber permanecido dos meses en prisión. Daniel García, de Torre Pacheco, tampoco piensa renunciar. Y su partido, el PP, tampoco les obliga a ello. Quien sabe, puede que hasta piensen ganar votos.

El PP sigue más empeñado en combatir a la Fiscalía del TSJ que en depurar responsabilidades y barrer su propia casa. El argumento de que se trata de denuncias políticas persigue devaluar la acción de la Justicia ante la opinión pública. Es lícito que se alegre de que varias decenas de denuncias hayan sido archivadas, pero debe cuidarse de las que quedan, de mayor relevancia que las anteriores. Urge sanear ciertas conductas y, de momento, muchos se lo piensan ya dos veces.