La Verdad

«Nada será igual después del 9 de marzo en las relaciones entre la jerarquía católica y el Gobierno». El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, aseguró ayer que la ofensiva de los obispos contra las políticas desarrolladas por José Luis Rodríguez Zapatero a poco más de un mes para las elecciones no quedará sin respuesta, que ha llegado la hora de «pasar de las palabras a los hechos» y que en la próxima legislatura habrá que dar «pasos definitivos» hacia la autofinanciación de la Iglesia. Es la reacción que, a su juicio, merecen quienes a lo largo de estos años han salido a la calle en numerosas ocasiones «de la mano de los dirigentes del PP».

El número dos de los socialistas matizó, en cualquier caso, que su partido sigue rechazando la idea de denunciar los acuerdos suscritos con la Santa Sede en 1979, de los cuales que se derivan una serie de privilegios para la Iglesia y la religión católica respecto de otras confesiones. Se trata, según dijo, de poner al episcopado ante la tesitura de cumplir con el «deseo» que la propia institución asumió en el acuerdo sobre asuntos económicos. En él, aseguraba que su propósito último era «lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades».

Los socialistas aseguran que en esta legislatura ya se ha avanzado hacia ese objetivo. Por fin se suprimió la partida presupuestaria que el Estado dedicaba habitualmente al sostenimiento del clero y el culto católicos, tal y como estaba previsto en el texto de 1979. Pero, a la par, se aumentó el porcentaje del IRPF que le asignan sus fieles en su declaración de la renta del 0,5% al 07%. El resultado es que el dinero que recibe la Iglesia de las arcas públicas es ahora un 34% superior. Si la amenaza de Blanco se llevara a efecto, su presupuesto saldría sólo del bolsillo de sus feligreses.

Lo cierto es que tras la advertencia de Blanco hay poco contenido. Los socialistas quieren medir bien esta batalla. Les interesa que siga viva porque están persuadidos de que moviliza a sus huestes; no sólo a los sectores más anticlericales, dicen, sino también a los moderados, que «no ven con buenos ojos la injerencia de los obispos en los asuntos políticos». Pero son conscientes de que una actitud radical hacia la Iglesia les colocaría demasiado a la izquierda y sería mal entendida por buena parte de su electorado que abraza la fe católica.