La Verdad

Tenía que acabar así. No deben extrañar al señor consejero de Educación Medina Precioso las declaraciones del señor Mendoza, presidente (creo que así se denomina el cargo) de la UCAM o Universidad Católica de Murcia, que ha ido creciendo hasta la fecha con el tácito y muchas veces expreso apoyo institucional de la Comunidad Autónoma. Pero llega un momento en el que hasta quienes se han mostrado siempre amigos de esa institución privada, tienen que acabar recordando que un consejero tiene como responsabilidad primera velar por las universidades públicas, que son aquellas que son de todos y no de una parte (pequeña) de los murcianos. Ignoro qué tipo de razonamiento puede seguir el señor Mendoza para argüir que tal proceder, el de nutrir a los murcianos de la posibilidad de cubrir con el presupuesto público, el conjunto de titulaciones que la Región necesita, no es democrático, según he leído en declaraciones suyas a la prensa. Siendo precisamente la única decisión que democráticamente le es dado adoptar a un consejero de un gobierno democráticamente elegido. Porque el consejero lo es de un gobierno elegido, como lo son los rectores respecto a la comunidad universitaria. Si tal cosa se cuestionara sería lo mismo que si desde el ámbito público nos pusiéramos a cuestionar el gobierno de la UCAM. ¿Sería lícito empezar por ahí? Por ejemplo por el estatuto del señor Mendoza en cuanto parte del trazado del mapa de titulaciones. ¿Es rector de universidad? ¿es catedrático de universidad? ¿ha sido elegido?. No a ninguna de las tres cosas. Es presidente de la UCAM y eso le basta..

Se podrá decir, no lo ignoro, que es algo que no incumbe a este articulista, ni al gobierno regional , ni a los murcianos, decir quién debe hablar por boca de la UCAM, quien debe ser allí elegido o nombrado, puesto que es un organismo que se rige por sus normas privadas, como tal institución de esa naturaleza. Si eso es así, si goza de autonomía y soberanía en el ejercicio de su gobierno, debe entender que por igual razón corresponde a los poderes públicos, democráticamente elegidos, el gobierno y el trazado del mapa de titulaciones universitarias de la Región de Murcia. A tal cosa se llama democracia.

Porque el principio básico es el de distinguir lo que es un servicio público y lo que es un negocio privado, que por legitimo que sea, no puede quejarse de que la Universidad pública sea preferente en el mapa de las titulaciones trazado por un consejero que es de un Gobierno cuya primera responsabilidad es la de garantizar que no haya murciano que no pueda estudiar la titulación que desea, si tal la consideran los poderes legítimos beneficiosa para la Región. Y que ello pueda hacerlo una familia murciana sin tener que abonar por ello a una entidad privada una matrícula que está muy lejos de las posibilidades de la mayoría. En esto hay que ser muy claro. Hacer otra cosa sería poner el servicio público a beneficio de una instancia privada. Un consejero únicamente puede aprobar una titulación privada una vez haya quedado garantizada la posibilidad de opción pública para los murcianos contribuyentes. No olvidemos que en el caso de la Universidad privada no es homólogo al de otros estratos educativos puesto que en el caso universitario se cobra por los servicios un dinero que en modo alguno es controlado, ni tiene por qué serlo, por la Administración.

Lo que sí tiene que controlarse en todo caso es la calidad del título. Para las universidades públicas y para las privadas. Llamo la atención en el caso de Medicina porque ha de cuidarse que la formación clínica en hospitales del Servicio Murciano de Salud, que únicamente en rigor pueden satisfacer las prácticas de la Universidad pública, en tanto forma parte de un presupuesto común de los murcianos, controlado por medios democráticos y sujeto a toda garantía.

Lo que considero que va siendo urgente es una ANECA, la murciana o la nacional, que dirima un control de calidad de los títulos que se imparten en cualquier universidad española. Por ejemplo tendría que valorarse qué investigación se hace, porque sólo una universidad que investiga puede ofrecer garantías suficientes para la formación en cualquier disciplina.

Un mapa de titulaciones debe por tanto conceder prioridad a las universidades cuya titularidad es de los murcianos, y no de un parte de ellos, sin que corresponda a este articulista dirimir si en el caso de la universidad privada tal titularidad lo es de una fundación, de la Iglesia, del Obispado o de quien fuere. Pero una cosa puede darse por cierta: lo que no puede negarse es que el mapa de titulaciones ofrecido por las Universidades públicas debe ser prioritario en la Administración de la Comunidad. Es una obviedad de tal calibre que uno se pregunta sobre cómo se discute y por los términos en que se hace. Quizá debería haberse clarificado antes todo este asunto. Aunque nunca es tarde si se trata de que Murcia ofrezca a sus contribuyentes desde sus presupuestos el mapa más completo posible. Y que las instituciones privadas construyan desde él, sometiéndose en todo caso a los controles de calidad de cada título, igual que debe hacerse en el caso de las públicas.

José María Pozuelo Yvancos es catedrático de la Universidad de Murcia.