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EFE
Sábado, 2 de febrero 2008, 01:06
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La diputada regional socialista, Lola Hernández, denunció ayer que la empresa que dirige la residencia de ancianos de Alcantarilla atemoriza a los familiares de los residentes con medidas legales si denuncian la situación que viven sus parientes. Hernández apuntó al alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, y al consejero de Política Social, Joaquín Bascuñana, «de ser los máximos responsables de esta situación, por permitir que una empresa que utiliza la estrategia del miedo para instalar la ley del silencio, siga al frente de una residencia que es de titularidad municipal». Instó además al alcalde a que «rescinda de forma inmediata el contrato con la empresa, como la mejor forma de defender a sus vecinos de las amenazas del gerente de Sergesa».
Para la parlamentaria socialista, el consejero «tiene mucha responsabilidad en lo que está sucediendo, ya que hay 24 plazas de titularidad pública subvencionadas por su consejería».
Además, recordó que las competencias en esta materia son de la Comunidad Autónoma, que debe cuidar las condiciones de vida de las personas mayores.
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