El Mar Menor y el 'crimen del Estacio'

No es fácil sintetizar el despliegue de problemas e impactos que están presentes tanto en las orillas como en las aguas de este pequeño mar, aunque haya de destacarse ese horror sin paliativos de La Manga. Todo ello, con un urbanismo tradicionalmente caótico, pésimas condiciones de depuración de aguas residuales y congestión física general: demasiada actividad para tan limitado espacio. Por lo demás, los diversos intentos habidos desde los años de 1980 de poner orden territorial y ambiental han fracasado siempre (o ni siquiera han llegado a arrancar), como reflejo de la casi absoluta falta de voluntad de actuar ambientalmente en esta albufera. De manera especial, los problemas de las salinas de su sector noreste influyeron en le nacimiento de ANSE, en 1973.

Fiel a su tradición, el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) quiso abarcar globalmente ese conjunto tan problemático, y en cuanto se aplacó el asunto de los naturistas y la playa de las Salinas (ver LA VERDAD, 3-11-07) promovió la celebración de varias reuniones de estudio y crítica. La primera fue una «Jornada sobre el Mar Menor» (31-10-1980) y corrió a cargo de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente del órgano preautonómico; los ecologistas se encargaron de animarla. Pronto, y a instancias sobre todo del GEM, ese mismo órgano encargó un Estudio de Ordenación Territorial de la zona del Mar Menor y su entorno, de muy conflictivo desarrollo, en el que los ecologistas fueron finalmente descartados. Tampoco sirvió de gran cosa la normativa aprobada en favor de ese mar, especialmente la Ley 3/1987, de 23 de abril, de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor, que pretendía imponer los intereses generales a los de los municipios ribereños y que las Administraciones del PP han ignorado.

Al GEM le interesó ante todo un problema especialmente irritante, que reunía buena parte de las aberraciones ambientales y éticas de ese entorno: la apertura -en realidad, ensanche y dragado- del canal del Estacio, que comunica ambos mares y que transformó la gola de comunicación tradicional en ancha vía marítima para permitir el paso de barcos deportivos de gran calado hacia el puerto deportivo Tomás Maestre, interior. Esta obra fue llevada a cabo por el principal propietario de La Manga, agresivo promotor turístico y avezado «contorneador» de la legalidad vigente. Realizadas estas obras en los años 1974-75, cinco años después ya habían alterado, según los pescadores, las características básicas hidrográficas de la laguna, sobre todo la temperatura y la salinidad, lo que conllevó una alteración visible en cantidad y calidad en las especies acuícolas propias, que tendían a homogeneizarse con las del mar exterior. Esto implicaba repercusiones económicas evidentes, y era un ejemplo claro de impacto del mal hacer turístico en la economía tradicional; con este problema se inició la protesta pública por los desmanes en la albufera. El malestar fue creciendo a lo largo de 1979, hasta acordar el promotor y el Ministerio de Obras Públicas, la presentación, en tres meses, de un «proyecto para cerrar el canal del Estacio» (que, como se preveía, quedó en nada).

A los ecologistas nos interesó sobre todo la curiosa personalidad de Tomás Maestre, protagonista de éste y de muchos otros conflictos en el Mar Menor y La Manga. Este propietario había recibido, bien como herencia directa, bien por compra a otros herederos, la casi totalidad de La Manga en los años de 1950 y 60, como última etapa de lo que provenía de propiedades de la Corona, tras la conquista en el siglo XIII y la desamortización del siglo XIX. No vamos a entrar aquí en los incontables pleitos que, antes y después de las leyes de Costas de 1969 y 1988, este personaje ha sostenido con el Estado a cuenta de sus pretensiones de ser propietario pleno en el dominio público marítimo-terrestre, sino en la arrogancia de su papel económico-político, que le rendía incontables beneficios.

En una extensa entrevista que publicaba un diario de Madrid este cronista llamaba la atención sobre la precaria situación ambiental del Mar Menor y denunciaba los «procedimientos medievales» del famoso promotor, que «era el que de verdad ejercía de alcalde...» (27-02-1980). La querella de don Tomás Maestre, por «calumnias e injurias», no se hizo esperar, pero el juez la hubo de sobreseer al poco cuando aporté numerosos documentos que demostraban el extraordinario entramado de poder en el que se desenvolvía el personaje (el «tráfico de influencias», en la expresión ahora de moda), relaciones que debido a sus negocios eran especialmente cordiales con los máximos responsables del Ministerio de Información y Turismo.

En esos días de tensión, el GEM presentó un escrito ante el MOPU, tomando como base la recientemente publicada Ley sobre Protección de las Costas Españolas (1980), denunciando el impacto de las obras del canal del Estacio en el mar interior. Y apelando a su art. 5.1, que preveía la «restitución y reposición de las cosas a su primitivo estado», planteaba la exigencia de que «se obligue al autor material de la alteración del Mar Menor a restituir el agua original, reduciendo sus contactos con el Mar Mediterráneo a los canales y pasos tradicionales y haciendo así que la fauna propia se recupere y la flora sumergida...» Correlativamente, se pedía que «se exija al autor la indemnización que proceda por daños y perjuicios causados a los sectores socioeconómicos afectados, especialmente el pesquero». Por supuesto que se solicitaba «la revisión de todas las concesiones administrativas de uso del dominio público marítimo-terrestre en la zona de La Manga... y la suspensión de cualquier nueva autorización administrativa en tanto no exista un Plan General Comarcal que ordene y proteja el ecosistema globalmente considerado».

Con el tiempo todo ha empeorado en el Mar Menor, incluyendo las amenazas y los proyectos enloquecidos; y por eso continúan las batallas en su favor.

Pedro Costa Morata es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y Premio Nacional de Medio Ambiente 1998.