LA TRIBUNA DE 'LA VERDAD'
Medicina en la UCAM, no
28.11.07 -
JESÚS FERRERO
El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM), máximo órgano de representación de los más de treinta mil estudiantes de la Universidad de Murcia, se ha pronunciado en varias ocasiones, formal y públicamente, manifestando la preocupación generalizada existente por la situación de las universidades públicas en el Sistema Universitario Regional y, en especial, ante la posible implantación de nuevas titulaciones, sobre todo biomédicas, por la Universidad Católica San Antonio.
A este respecto, el CEUM asumió como propio el pronunciamiento de la Junta de Facultad de Medicina ante la creación de titulaciones de Ciencias de la Salud en instituciones educativas privadas, aprobado el 28 de febrero de 2007, el cual ha sido igualmente ratificado de forma unánime por el Claustro Universitario y por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia. La Universidad de Murcia, sin lugar a dudas, mantiene a este respecto una misma postura, declarada de forma expresa y asumida de manera unitaria por sus máximos órganos representativos y de gobierno y, entre los mismos, el Consejo de Estudiantes. Únicamente cabría señalar que esperamos que el Consejo Social de la Universidad de Murcia se pronuncie prontamente sobre este extremo y asuma el posicionamiento de nuestra Universidad.
En todo caso, la Universidad de Murcia y, como parte de la misma, el CEUM, ha reconocido siempre, de manera invariable y clara, el derecho constitucional a la libre creación de centros docentes recogido en el art. 27 de la Constitución de la nación española de 1978. Ahora bien, la docencia e investigación universitaria constituyen una actividad de interés general fundamental para el desarrollo de toda sociedad y es por ello que la formación universitaria se encuentra sometida a una especial regulación que viene a garantizar la calidad y adecuación de este servicio público esencial y la homogeneidad en los títulos reconocidos por las diferentes universidades, tanto públicas como privadas.
Aquí ha sido donde se ha alzado la voz de la Universidad de Murcia y de su Consejo de Estudiantes, no para negar el derecho de nadie, sino para hacer valer los límites legales establecidos. De esta manera, hemos exigido al Gobierno regional, el cual tiene asumida una posición de garante primordial en esta cuestión, que cumpla con su deber legal de controlar el riguroso cumplimiento por parte de las distintas universidades murcianas de los requisitos determinados por la Ley Orgánica de Universidad y por la Ley Autonómica de Universidades de la Región de Murcia.
En concreto, la ley autonómica en su artículo 13, apartado c), impone el deber de las universidades privadas en nuestra Región de contar con «la disponibilidad de personal docente e investigador, que deberá estar en posesión de la titulación académica que se establezca en la normativa prevista» y añade que, en todo caso, «al menos el 25% del total de su profesorado deberá estar en posesión del título de doctor y haber obtenido la evaluación positiva». Para verificar estos y otros requisitos -económicos, jurídicos, de personal -, la mencionada ley exige igualmente que en el primer trimestre del curso académico, sea presentada a la Consejería de Educación una memoria que dé cuenta de los mismos. Pues bien, desde el CEUM exigimos a la Consejería que ponga en conocimiento de la ciudadanía tales datos para así poder verificar si las universidades regionales se encuentran dentro de los parámetros legalmente determinados.
Asimismo, hemos reclamado del Gobierno Regional que cesen las continuas ayudas económicas que viene dando a la Universidad privada con fondos públicos, de las que da fiel testimonio el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y que en ocasiones superan, para un mismo concepto, las que reciben las universidades públicas -por ejemplo, para el caso de las escuelas de Turismo la subvención recibida por la UCAM fue casi un 70% mayor que la de las universidades públicas-. Una búsqueda rápida en Google señalando UCAM+BORM dará a cualquier murciano buena prueba de lo aquí afirmado.
En lo que hace al caso en concreto de la posible implantación de un campus biosanitario por la UCAM, el CEUM ha mostrado su oposición a tal cuestión en tanto no se cumplan tres principios básicos: en primer lugar, que la Consejería de Educación sea absolutamente celosa y exhaustiva en la verificación de los requisitos legales. En segundo término, habida cuenta de la pugna mantenida por los estudiantes de enfermería de la UMU los cuales se han visto desplazados a la hora de hacer sus prácticas en algunos servicios de los hospitales públicos de la Región por los estudiantes de la Universidad privada, exigimos que los hospitales públicos regionales queden reservados para las prácticas de los alumnos de las universidades públicas regionales. En tercer lugar, consideramos que si el Gobierno regional estima que existe una falta de médicos en la Región lo que debe hacer es dotar de medios a la universidad pública para que sea ésta la que asuma tal demanda social. Del mismo modo, no parece justo, ni conforme al principio de mérito y capacidad, que se someta a la Universidad de Murcia a un númerus clausus y luego se permita que la universidad privada pueda atraer a cuantos estudiantes de Medicina deseara. Tal situación llevaría a que, aquellos que no pudiendo acceder a la universidad pública por no alcanzar un expediente académico bastante, si disponen de recursos económicos, puedan entonces cursar Medicina en la privada. Permitir una quiebra así del principio de mérito y capacidad en el acceso a una titulación de la importancia de Medicina, donde los futuros titulados tendrán en sus manos la salud de los murcianos, resulta absolutamente inaceptable.
En definitiva, el Consejo de Estudiantes pide que se «guarden y hagan guardar» los principios básicos reconocidos en nuestra Constitución. Así, como del Estado de derecho, requerimos en primer lugar que nuestro Gobierno regional haga cumplir la ley y vele, como es su obligación, por el fiel respeto a la misma. Y, en segundo término, por lo que hace al reconocimiento de España como Estado social, exigimos también al Gobierno regional que las demandas sociales en materia universitaria sean cubiertas por las universidades públicas, por lo que emplazamos al mismo a que dote a éstas de cuantos medios sean necesarios para cubrir las plazas que socialmente se requieran, y le exigimos que deje de subvencionar, de forma directa o indirecta, a una institución privada en detrimento de las universidades públicas.
Este artículo es un fiel reflejo de las declaraciones aprobadas por el pleno del CEUM, el cual da muestra de la voluntad de los representantes de los estudiantes de las distintas facultades y escuelas de la Universidad de Murcia y, en general, del espíritu de los universitarios.
Germán M. Teruel Lozano es presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM).
A este respecto, el CEUM asumió como propio el pronunciamiento de la Junta de Facultad de Medicina ante la creación de titulaciones de Ciencias de la Salud en instituciones educativas privadas, aprobado el 28 de febrero de 2007, el cual ha sido igualmente ratificado de forma unánime por el Claustro Universitario y por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia. La Universidad de Murcia, sin lugar a dudas, mantiene a este respecto una misma postura, declarada de forma expresa y asumida de manera unitaria por sus máximos órganos representativos y de gobierno y, entre los mismos, el Consejo de Estudiantes. Únicamente cabría señalar que esperamos que el Consejo Social de la Universidad de Murcia se pronuncie prontamente sobre este extremo y asuma el posicionamiento de nuestra Universidad.
En todo caso, la Universidad de Murcia y, como parte de la misma, el CEUM, ha reconocido siempre, de manera invariable y clara, el derecho constitucional a la libre creación de centros docentes recogido en el art. 27 de la Constitución de la nación española de 1978. Ahora bien, la docencia e investigación universitaria constituyen una actividad de interés general fundamental para el desarrollo de toda sociedad y es por ello que la formación universitaria se encuentra sometida a una especial regulación que viene a garantizar la calidad y adecuación de este servicio público esencial y la homogeneidad en los títulos reconocidos por las diferentes universidades, tanto públicas como privadas.
Aquí ha sido donde se ha alzado la voz de la Universidad de Murcia y de su Consejo de Estudiantes, no para negar el derecho de nadie, sino para hacer valer los límites legales establecidos. De esta manera, hemos exigido al Gobierno regional, el cual tiene asumida una posición de garante primordial en esta cuestión, que cumpla con su deber legal de controlar el riguroso cumplimiento por parte de las distintas universidades murcianas de los requisitos determinados por la Ley Orgánica de Universidad y por la Ley Autonómica de Universidades de la Región de Murcia.
En concreto, la ley autonómica en su artículo 13, apartado c), impone el deber de las universidades privadas en nuestra Región de contar con «la disponibilidad de personal docente e investigador, que deberá estar en posesión de la titulación académica que se establezca en la normativa prevista» y añade que, en todo caso, «al menos el 25% del total de su profesorado deberá estar en posesión del título de doctor y haber obtenido la evaluación positiva». Para verificar estos y otros requisitos -económicos, jurídicos, de personal -, la mencionada ley exige igualmente que en el primer trimestre del curso académico, sea presentada a la Consejería de Educación una memoria que dé cuenta de los mismos. Pues bien, desde el CEUM exigimos a la Consejería que ponga en conocimiento de la ciudadanía tales datos para así poder verificar si las universidades regionales se encuentran dentro de los parámetros legalmente determinados.
Asimismo, hemos reclamado del Gobierno Regional que cesen las continuas ayudas económicas que viene dando a la Universidad privada con fondos públicos, de las que da fiel testimonio el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y que en ocasiones superan, para un mismo concepto, las que reciben las universidades públicas -por ejemplo, para el caso de las escuelas de Turismo la subvención recibida por la UCAM fue casi un 70% mayor que la de las universidades públicas-. Una búsqueda rápida en Google señalando UCAM+BORM dará a cualquier murciano buena prueba de lo aquí afirmado.
En lo que hace al caso en concreto de la posible implantación de un campus biosanitario por la UCAM, el CEUM ha mostrado su oposición a tal cuestión en tanto no se cumplan tres principios básicos: en primer lugar, que la Consejería de Educación sea absolutamente celosa y exhaustiva en la verificación de los requisitos legales. En segundo término, habida cuenta de la pugna mantenida por los estudiantes de enfermería de la UMU los cuales se han visto desplazados a la hora de hacer sus prácticas en algunos servicios de los hospitales públicos de la Región por los estudiantes de la Universidad privada, exigimos que los hospitales públicos regionales queden reservados para las prácticas de los alumnos de las universidades públicas regionales. En tercer lugar, consideramos que si el Gobierno regional estima que existe una falta de médicos en la Región lo que debe hacer es dotar de medios a la universidad pública para que sea ésta la que asuma tal demanda social. Del mismo modo, no parece justo, ni conforme al principio de mérito y capacidad, que se someta a la Universidad de Murcia a un númerus clausus y luego se permita que la universidad privada pueda atraer a cuantos estudiantes de Medicina deseara. Tal situación llevaría a que, aquellos que no pudiendo acceder a la universidad pública por no alcanzar un expediente académico bastante, si disponen de recursos económicos, puedan entonces cursar Medicina en la privada. Permitir una quiebra así del principio de mérito y capacidad en el acceso a una titulación de la importancia de Medicina, donde los futuros titulados tendrán en sus manos la salud de los murcianos, resulta absolutamente inaceptable.
En definitiva, el Consejo de Estudiantes pide que se «guarden y hagan guardar» los principios básicos reconocidos en nuestra Constitución. Así, como del Estado de derecho, requerimos en primer lugar que nuestro Gobierno regional haga cumplir la ley y vele, como es su obligación, por el fiel respeto a la misma. Y, en segundo término, por lo que hace al reconocimiento de España como Estado social, exigimos también al Gobierno regional que las demandas sociales en materia universitaria sean cubiertas por las universidades públicas, por lo que emplazamos al mismo a que dote a éstas de cuantos medios sean necesarios para cubrir las plazas que socialmente se requieran, y le exigimos que deje de subvencionar, de forma directa o indirecta, a una institución privada en detrimento de las universidades públicas.
Este artículo es un fiel reflejo de las declaraciones aprobadas por el pleno del CEUM, el cual da muestra de la voluntad de los representantes de los estudiantes de las distintas facultades y escuelas de la Universidad de Murcia y, en general, del espíritu de los universitarios.
Germán M. Teruel Lozano es presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM).
