La Verdad

En los últimos años se ha producido un espectacular aumento del número de embargos judiciales provocado por la subida de los tipos de interés que ha obligado a numerosas familias a no poder pagar sus hipotecas. Sólo desde el 1 de enero hasta el 30 de octubre de este año, en el partido judicial de Murcia, que engloba los municipios de Alcantarilla, Beniel, Santomera y la capital murciana, los bancos han intervenido a 994 familias, que se han visto obligadas a deshacerse de sus pertenencias más queridas.

Según apunta Fernando Herrero, vicepresidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) esto se debe a que muchas familias contrataron, en el momento de comprar una vivienda o un vehículo, préstamos cuando los tipos de interés estaban bajos, y lo hicieron «al límite de sus posibilidades», por lo que cuando el euríbor se ha incrementado -casi tres puntos en los últimos tres años-, éstas no han podido hacer frente a sus deudas y la maquinaria del embargo se ha puesto en funcionamiento.

Cuando la maquinaria judicial pone en marcha la ejecución de un embargo, tras la demanda de un banco por el impago de dos o tres cuotas, según el presidente de la Unión de Consumidores de España en Murcia (UCE), Pedro Valera, «las opciones que le quedan al perjudicado son muy escasas». Por esta razón UCE firmó el pasado verano un convenio con la Asociación Profesional de Asesores de Inversión y Financiación de España (AIF), para así y «sin coste alguno» todo el que se acerque a la sede de los consumidores pueda pedir consejo y asesoramiento para mejorar las condiciones de sus hipotecas, para lograr que no lleguen a la situación de embargo.

14 familias en quiebra

Si en lo que llevamos de año han sido ya cerca de mil familias las que se han visto abocadas al embargo judicial, el pasado años fueron 1.436, y en el año 2005 más de 1.700, según datos facilitados por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos.

Esta situación se ha convertido en los últimos años en común para algunas familias españolas y murcianas. Pero también en los últimos años está proliferando declararse en quiebra. En la Región, 14 familias, al igual que les sucede a algunas empresas, se han visto obligados a declararse en quiebra o en suspensión de pagos, porque no pueden hacer frente a sus facturas o compromisos bancarios contraídos. Esta cifra convierte a Murcia en la tercera comunidad más afectada. Una situación que, como indica el vicepresidente de ADICAE, Fernando Herrero, se ha incrementado en los últimos años, ya que se ha triplicado.

La actual Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece un procedimiento de «rehabilitación del préstamo» que permite al prestatario pagar únicamente las deudas acumuladas y no la totalidad del capital concedido. No obstante, la asociación recomienda a los usuarios explotar antes otras opciones antes de consignar el dinero en un juzgado porque sólo tienen una oportunidad en la vida y las hipotecas se contratan por un periodo de tiempo muy largo.

Un reciente informe de UCE revela, con datos del INE y del Banco de España, que unas 340.000 familias murcianas (el 85% del total de hogares de la Región) están endeudadas, y de ellas, más de la mitad -asegura Pedro Valera- se hallan en situación de sobreendeudamiento.

Esta situación ha llevado, según alerta UCE a la proliferación de la figura del prestamista privado carente de licencia y que cobra entre un 25 y un 30% de intereses, sin ofrecer ningún tipo de garantía para las familias endeudadas. Por ello, aconsejan acudir sólo a asesores financieros regulados y con establecimiento abierto al público para evitar «ser estafados por los concesionarios de créditos privados».