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Imagen de archivo de la manifestacion por el dia del trabajo en Murcia el pasado año. Javier Carrión / AGM
200.000 trabajadores están pendientes de negociar sus condiciones laborales

200.000 trabajadores están pendientes de negociar sus condiciones laborales

Decenas de convenios colectivos, entre ellos los de la hostelería y el comercio, han perdido vigencia y esperan ser renovados

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Martes, 1 de mayo 2018, 03:17

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Crecimiento sí, pero ¿para todos? Hace ya muchos meses que los datos avalan un descenso sostenido del paro en la Región, pese a algún tropezón puntual como el de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Esto ha llevado a los sindicatos a centrar sus reivindicaciones para la festividad del Primero de Mayo, que se celebra hoy, en la necesidad de mejorar la calidad del empleo que se genera, así como las condiciones laborales de quienes creen que es hora de que se les devuelvan los esfuerzos realizados durante los años de la crisis. «El crecimiento económico se ha afianzado, pero el mercado de trabajo presenta graves disfunciones de temporalidad y precariedad que hay que corregir; la recuperación sigue sin llegar al bolsillo de muchas familias», valora Antonio Jiménez, secretario general de UGT en la Región.

Desde las organizaciones sindicales consideran que la negociación de todos aquellos convenios colectivos que tienen perdida actualmente su vigencia es una buena oportunidad para ello. No en vano, 202.000 trabajadores murcianos por cuenta ajena, afectados por 41 acuerdos sectoriales, estaban pendientes a 1 de enero de 2018 de la renovación de sus condiciones laborales, según datos de UGT. Esta cifra supone casi la mitad de los 474.000 ocupados que el sector privado tiene actualmente la Región. Algunos documentos están pendientes de firma; otros, totalmente por negociar. Cuando se aprobó la reforma laboral en 2012, se habló mucho del abaratamiento del despido, algo que sin embargo ha acabado por asumirse. «Pero a medio y largo plazo lo que realmente ha hecho daño a la situación de la clase trabajadora ha sido la reforma de la negociación colectiva», asegura Santiago Navarro, secretario general de CC OO en la Región. Al fin y al cabo, son estos acuerdos los que fijan los derechos y obligaciones de los trabajadores para con su empresa.

Ambos responsables sindicales inciden en que el desequilibrio que generó esta nueva legislación en las relaciones entre empresario y empleado dio lugar a un estancamiento en la firma de estos acuerdos. De hecho, la prórroga automática de muchos convenios favoreció que la patronal, los empleadores en particular, perdieran el interés en su actualización, ya que así se favorecía en muchos casos la aplicación de un régimen más básico y laxo. También permitió que los empresarios «más incumplidores impulsaran convenios de empresa» para dar cobertura legal a situaciones más precarias que las establecidas por los acuerdos de ámbito provincial, según Navarro. La reforma también propició los descuelgues del convenio de empresa, o el incumplimiento de las condiciones firmadas, sin la necesidad de presentar pérdidas reales. Bastaba con «meras previsiones negativas», explica.

«Si la economía crece por encima del 3%, qué menos que suban los salarios entre el 2,5% y el 3%», señala CC OO

Por lo que respecta a los convenios sectoriales, subsidiarios de los de empresa pero que rigen para un buen número de asalariados, Jiménez explica que «en 2017 se consiguió desbloquear la situación tras el abandono de las posiciones maximalistas de las patronales». El año pasado «cerramos convenios como el de industrias siderometalúrgicas, el de la construcción y obras públicas, de limpieza pública viaria, el de transporte de viajeros, y el de limpieza de edificios y locales», señala.

Sectores más precarios

Dos de los convenios que rigen el día a día de alrededor de 100.000 trabajadores, el de comercio y el de hostelería, llevan sin embargo enquistados prácticamente desde el inicio de la crisis, a excepción del acuerdo de actualización salarial firmado el año pasado en ambos casos. Son precisamente estos dos sectores, junto al de la agricultura, los que acumulan la mayor precariedad, según indican los responsables sindicales, aunque solo sea porque concentran a un alto volumen de ocupados de la Región.

Las malas condiciones no atienden en estos casos, sin embargo, únicamente a la regulación desfavorable, sino también al fraude, al incumplimiento y a la economía sumergida. «El empleo a tiempo parcial en estas empresas normalmente no responde a necesidades de producción o a organización, sino a horas que no se declaran o, incluso, no se pagan. Esta situación se agrava con la liberalización de horarios comerciales y que no lleva aparejada una ampliación de plantillas», asegura Jiménez. «Hay gente trabajando 8, 10 o 12 horas con contrato de media jornada, sobre todo en bares y restaurantes. También en comercios, aunque no tanto en hoteles, donde hay un mayor control sindical», puntualiza Navarro. Es precisamente en las pequeñas y medianas empresas -que suponen el 80% del tejido productivo de la Región- donde es más difícil denunciar estas situaciones. «En las empresas de carácter familiar es incluso excepcional que el empleado ponga de manifiesto estas situaciones», subraya Jiménez.

Inspección

Tanto Jiménez como Navarro piden precisamente a la Inspección de Trabajo que intensifique su actividad para reducir estas situaciones y solicitan un mayor número de profesionales dedicados a combatir el fraude. «La inspección puede, a veces, hacer más de los que hace, pero no se atreve a apretar las tuercas a muchas empresas. En ocasiones depende del carácter o la profesionalidad del inspector; en otras, se justifica porque muchas actas de infracción no son extremadamente detalladas y se echan para atrás», explica Navarro. El responsable regional de CC OO insiste en que «muchas veces se sabe quién incumple», y que en sectores como el agrario es fácil ver que hay una ilegalidad cuando la producción no se corresponde con la fuerza de trajo. «En algunas empresas salen toneladas recogidas por jornalero, de media, y eso es imposible», apostilla.

Según Navarro, de cada cien inspecciones salen 30 o 35 sanciones, y señala que, en los contratos de formación, las infracciones rondan «el 80%». Tampoco olvida poner el foco sobre las empresas de trabajo temporal, que «no deben ser la norma». Uno de los caballos de batalla más recurrentes en la lucha contra la precariedad es el de la temporalidad. Es cierto que las cifras reflejan una bajada de cinco puntos en la Región. No obstante, la tasa regional (35%) es 8,5 puntos superior a la media nacional. De hecho, la comunidad vio el año pasado la firma de un millón de contratos temporales, pero es que un tercio de esos contratos no llegaron siquiera al mes de duración.

Datos del INE también indican que se ha recuperado todo el empleo indefinido anterior a la crisis, pero las cifras reflejan que únicamente el 7% de los nuevos contratos fueron fijos. Nuevos empleos, pero «de peor calidad». Jiménez y Navarro entienden que es momento de recuperar la estabilidad en el empleo y el poder adquisitivo perdido que, según los sindicatos, ronda entre el 7% y el 15%. «Si la economía crece por encima del 3%, qué menos que se establezcan incrementos salariales de entre el 2,5% y el 3%, contando que los sueldos no han subido prácticamente en una década», proclama Navarro. «Las empresas se han saneado y hay un mayor porcentaje de negocios solventes que hace 10 años», concluye. Es el momento de «la redistribución y el crecimiento para todos».

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