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Imputan al ex director general del Agua y a un técnico por la tubería del Mar Menor

Obras de instalación de la tubería, cerca de la Marina del Carmolí, en agosto de 2016./J. M. Rodríguez / AGM
Obras de instalación de la tubería, cerca de la Marina del Carmolí, en agosto de 2016. / J. M. Rodríguez / AGM

La titular del juzgado número dos de Murcia aprecia delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio en los daños a la Marina del Carmolí

Miguel Ángel Ruiz
MIGUEL ÁNGEL RUIZ

El Mar Menor sigue sumando imputados, aunque en esta ocasión no por la contaminación del humedal -asunto por el que se investiga a 37 políticos, altos cargos de la Administración y empresarios en el llamado 'caso Topillo'-, sino por una de las primeras medidas puestas en marcha para detener el proceso de eutrofización de la laguna que hizo saltar todas las alarmas en la primavera de 2016. Se trata del ex director general del Agua Andrés Martínez Francés y el ingeniero técnico forestal de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente José Luis Manovel García, a quienes la titular del juzgado de instrucción número dos de Murcia señala como responsables de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Ambos han sido citados a declarar la semana que viene.

La magistrada Miriam Marín investiga, a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción impulsada por la Fiscalía, las obras de emergencia aprobadas hace dos veranos para derivar los caudales de la rambla del Albujón hasta la red de la Comunidad de Regantes Arco Sur, desde donde serían vertidos al Mediterráneo por el emisario de Cabo de Palos, después de ser tratados en una desalobradora. Una vez clausuradas las desalobradoras por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), a petición de la entonces consejera Adela Martínez-Cachá, el objetivo era garantizar el vertido cero eliminando escorrentías y aguas sobrantes de riego en superficie mediante una conducción enterrada con capacidad de cien litros por segundo.

9 agosto 2016
La Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (Oisma) recibe una solicitud de la Dirección General del Agua para ejecutar las obras de derivación de caudales desde la rambla del Albujón a la red de Arco Sur.
10 agosto 2016
El ingeniero forestal de la Oisma José Luis Manovel emite informe favorable.
10 a 12 de agosto
La Dirección General del Agua pide autorizaciones a la Demarcación de Carreteras del Estado, Dirección General de Carreteras de la Comunidad, Confederación Hidrográfica del Segura, Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal y Ministerio de Defensa.
12 agosto 2016
El director general del Agua, Andrés Martínez Francés, propone declarar la obra de emergencia por un importe de 1.762.711 euros.
17 agosto 2016
Comienzan las obras, con un plazo estimado de ejecución de cinco meses.

Pero las obras, con un presupuesto de 1,7 millones de euros, se habrían puesto en marcha sin los informes necesarios, pese a que afectaban al espacio protegido de la Marina del Carmolí, incluido en la Red Natura 2000.

El objetivo del proyecto era derivar caudales de la rambla del Albujón a los regantes de Arco Sur

La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente estimó que no eran necesarias ni evaluación de impacto ambiental ni de repercusiones porque las obras se desarrollaban «en una zona de servidumbre que no perjudica al espacio natural», y se apoyó en un informe de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (Oisma) firmado por José Luis Manovel.

La Fiscalía estima que las obras se autorizaron con un informe irregular e insuficiente

Este informe favorable, que según el fiscal «se redactó en un solo día, en concreto al día siguiente de haberse solicitado por el director general del Agua», es un documento que carece del «visto bueno de ningún otro funcionario, ni de ningún superior ni del director de esa oficina». En su querella, el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, destaca que la petición del informe de la Dirección General del Agua a la Oisma «tuvo que ser verbal, ya que no consta por escrito», y que la respuesta a ese encargo es un documento genérico en el que apenas se aporta información sobre la presencia en la zona afectada de hábitats prioritarios, flora y fauna amenazada -como el fartet-, ni tampoco que por ella pasan dos cañadas reales: la de Cantarranas y la Colada del Mar Menor. El escrito de la Oisma concluye que «es de prever una afección mínima a la Red Natura 2000».

Nunca llegó a funcionar

Frente a esta aseveración, la Fiscalía considera que la Oisma «no es competente para elaborar el citado informe, y al menos los dos denunciados lo sabían perfectamente», sino la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Este órgano emitió otro informe el 29 de agosto en el que concluye que sí es necesaria evaluación ambiental o de repercusiones. Para entonces, las obras ya se habían iniciado y, además, el director general del Agua le hizo «caso omiso», según el fiscal.

Díaz Manzanera señala, además, que la obra se autorizó «sin tener la seguridad de que pueda utilizarse al no tener asegurado que se pueda autorizar posteriormente el vertido al Mediterráneo. De hecho, a la fecha de la presentación de la denuncia no ha funcionado en ningún momento», recuerda el ministerio público. Efectivamente, y pese a que la obra está terminada y se comprobó su correcto funcionamiento mediante las pruebas necesarias, la tubería nunca llegó a funcionar porque no se consiguió el permiso para verter a través del emisario.

La Fiscalía propone una fianza a los denunciados por el deterioro del ecosistema

Todo se hizo con mucha prisa. No solo se iniciaron las obras con un precario informe favorable emitido por un técnico, sin esperar el pronunciamiento del órgano realmente competente -la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental- ni los permisos de otros departamentos de la administración, sino que en la planificación del proyecto se incurrió en errores de bulto.

Seguramente el más importante, al margen de la supuesta ilegalidad del procedimiento, fue el cálculo de la superficie afectada. Si en un principio se estimó que la franja de terreno sería de 2.200 metros de largo por dos de ancho -4.400 m2 en total-, la Dirección General del Agua puso en conocimiento de la Oisma -dos departamentos de la misma Consejería, por cierto-, una semana después de iniciarse los trabajos, que se necesitaría autorización para ocupar una banda de 8,5 metros, lo que elevaría a 18.700 m2 el terreno erosionado por las obras de instalación de la tubería. «Sorprendentemente, este 'detalle' había pasado desapercibido al principio del expediente. En cualquier caso, no consta autorización de esta considerable ampliación», pese a que «las obras constan ejecutadas y terminadas», señala el fiscal superior.

Por este motivo, la Fiscalía solicita que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental realice una valoración «de los daños causados con las obras ejecutadas», junto con «los gastos de restauración a su situación original». Y propone que los dos imputados -Andrés Martínez Francés y José Luis Manovel García- abonen estas cantidades económicas, en concepto de fianza, «una vez se concreten y valoren los daños sufridos por el ecosistema».

El fiscal recuerda que en la zona removida para instalar la conducción se encuentran tres tipos de hábitats, uno de ellos prioritario: estepas salinas mediterráneas; matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos; y galerías y matorrales ribereños termomediterráneos.

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