La Fiscalía propone una fianza a los denunciados por el deterioro del ecosistema

Seguramente el más importante, al margen de la supuesta ilegalidad del procedimiento, fue el cálculo de la superficie afectada. Si en un principio se estimó que la franja de terreno sería de 2.200 metros de largo por dos de ancho -4.400 m2 en total-, la Dirección General del Agua puso en conocimiento de la Oisma -dos departamentos de la misma Consejería, por cierto-, una semana después de iniciarse los trabajos, que se necesitaría autorización para ocupar una banda de 8,5 metros, lo que elevaría a 18.700 m2 el terreno erosionado por las obras de instalación de la tubería. «Sorprendentemente, este 'detalle' había pasado desapercibido al principio del expediente. En cualquier caso, no consta autorización de esta considerable ampliación», pese a que «las obras constan ejecutadas y terminadas», señala el fiscal superior.

Por este motivo, la Fiscalía solicita que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental realice una valoración «de los daños causados con las obras ejecutadas», junto con «los gastos de restauración a su situación original». Y propone que los dos imputados -Andrés Martínez Francés y José Luis Manovel García- abonen estas cantidades económicas, en concepto de fianza, «una vez se concreten y valoren los daños sufridos por el ecosistema».

El fiscal recuerda que en la zona removida para instalar la conducción se encuentran tres tipos de hábitats, uno de ellos prioritario: estepas salinas mediterráneas; matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos; y galerías y matorrales ribereños termomediterráneos.