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La Comunidad demuestra en un juicio que es la dueña del parking de Calblanque

Aparcamiento cubierto del Atochar, junto a las playas del Parque Regional de Calblanque./J. M. RODRÍGUEZ / AGM
Aparcamiento cubierto del Atochar, junto a las playas del Parque Regional de Calblanque. / J. M. RODRÍGUEZ / AGM

Ocho familiares de los propietarios expropiados en 1989 demandaron a la Administración para recuperar la posesión del aparcamiento del Atochar

Miguel Ángel Ruiz
MIGUEL ÁNGEL RUIZ

Increíble pero cierto: la Comunidad Autónoma es legítima propietaria desde hace casi treinta años del aparcamiento del Atochar, en el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, pero no ha podido demostrarlo hasta hace solo unos días. Más aún: aunque expropió los terrenos que ahora alberga el parking cubierto cercano a las playas del espacio protegido, y así se publicó en su día en el Boletín Oficial de la Región, la Administración ha estado cerca de quedarse sin ellos. El motivo es que la Comunidad no inscribió entonces la finca en el Registro de la Propiedad y además extravió la documentación del proceso expropiatorio. Pese a ello, la zona de aparcamiento se ha gestionado como un bien público desde 1989.

Las dudas han quedado resueltas finalmente mediante una sentencia del juzgado de instrucción número cinco de Cartagena, que resolvió el día 21 de mayo en favor de la Comunidad Autónoma, desestimando así una demanda de ocho familiares de los dos dueños de los terrenos, ya fallecidos: Juan Hernández Vaquero -o Baquero, de acuerdo con algunos resgistros oficiales- y Sanmartín Alarcón.

El expediente, 'in extremis'

Los herederos de estos dos propietarios históricos aprovecharon que la Comunidad no podía acreditar la posesión de los terrenos y presentaron una demanda en 2015 para recuperarlos. El caso no pintaba bien para la Administración, que casi daba por perdida la parcela -según apuntan a 'La Verdad' fuentes de los Servicios Jurídicos-, pero el expediente apareció finalmente en la Consejería de Hacienda pocos días antes del juicio. Justo a tiempo.

De manera que el juez Fernando Madrid Rodríguez ha desestimado la reclamación y ha impuesto a los demandantes el pago de las costas del proceso -la sentencia es recurrible en apelación-. El auto judicial señala que la Comunidad Autónoma aportó la documentación que le confirma como titular del terreno: anuncio de información pública para la declaración de urgencia del expediente de expropiación forzosa y certificado de exposición del expediente en el Ayuntamiento de Cartagena, además de la resolución del Consejo de Gobierno, la publicación del boletín oficial, el pago del depósito previo, en 1989, y finalmente el abono del justiprecio en 1992.

A juicio de Ecologistas en Acción, esta sentencia «es importante porque resuelve un vacío legal de varias décadas», pero sobre todo porque confirma a la Administración como propietaria legítima de «un lugar clave para la gestión del uso público del espacio protegido, donde casi todos los terrenos son privados». Una vez resuelto este conflicto, los ecologistas esperan ahora que se publique cuanto antes en el boletín oficial el deslinde de la vía pecuaria que atraviesa el parque regional.

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