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Una de cada cinco hectáreas de cultivo en el Mar Menor es «ilegal», según ANSE y WWF

El mapa de los regadíos ilegales, según el informe de los ecologistas./ANSE / WWF
El mapa de los regadíos ilegales, según el informe de los ecologistas. / ANSE / WWF

Las organizaciones ecologistas enviarán a la Comisión Europea un informe sobre la 'burbuja' del regadío y su afección al espacio protegido

miguel ángel ruiz
MIGUEL ÁNGEL RUIZ

Un estudio de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y WWF concreta en cifras y sitúa en un mapa una denuncia recurrente de las organizaciones ecologistas: el aumento incontrolado de los regadíos en torno al Mar Menor, que ha terminado provocando un grave proceso de contaminación por nitratos en la laguna. Más de 12.000 hectáreas de las 50.000 que hay actualmente en cultivo serían «ilegales», según el informe presentado este jueves en Murcia y que se apoya en el análisis de ortofotografías, imágenes de satélite y el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac). También en trabajo de campo realizado en el verano y el otoño del año pasado.

Todos estos datos se han contrastado con la cartografía oficial facilitada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y el resultado, plasmado en el informe 'La burbuja del regadío: el caso del Mar Menor', es que alrededor de un 20% de la agricultura intensiva en la zona es «ilegal», una superficie ocupada principalmente por «cultivos de hortalizas, cítricos, invernaderos y balsas de riego». Los regadíos se habrían multiplicado por diez en los últimos cuarenta años, ante «la pasividad de las administraciones», en un proceso «alentado por sucesivas legalizaciones», han denunciado el director de ANSE, Pedro García, y el director de Conservación de WWF, Enrique Segovia.

Falta de información oficial

Ambas organizaciones advierten de que este trabajo supone tan solo «una aproximación y que la superficie real» de agricultura de regadío que ha crecido «de forma masiva, descontrolada e ilegal en el entorno del Mar Menor» es «sin duda mayor». Para WWF y ANSE, «es significativa la falta de información oficial sobre la extensión real de los cultivos de regadío ilegal en el Campo de Cartagena». Los ecologistas enviarán su informe a la Comisión Europea «por la afección a varios espacios naturales protegidos por la legislación comunitaria», así como a la Fiscalía de Medio Ambiente y a las administraciones con competencias en agua, agricultura y medio ambiente.

Durante la investigación del informe, a finales de 2017 «y en medio de la peor sequía en décadas», ANSE y WWF detectaron máquinas trabajando en nuevas transformaciones de terrenos para dedicarlos a regadío, aseguran, y también nuevas plantaciones «incluso dentro de espacios protegidos de la Red Natura 2000». Los ecologistas presentaron dos denuncias sobre parte de las ampliaciones más importantes, «cuya ilegalidad ha sido confirmada por diferentes administraciones», afirman.

Mil desaladoras piratas

«Durante años, la Comunidad Autónoma y la Confederación Hidrográfica del Segura miraron hacia otro lado e incluso favorecieron el caótico crecimiento del regadío en el Campo de Cartagena, un descontrol que está detrás del gravísimo deterioro del Mar Menor», denuncia Pedro García, quien recuerda que la Fiscalía estimó en diciembre de 2017 que alrededor de mil desaladoras ilegales sacaban el agua del acuífero (con alto contenido en nitratos) para verterla aún más contaminada hacia el Mar Menor.

«Este caso ejemplifica la burbuja del regadío que está creciendo en España ante la inacción de las administraciones», asegura por su parte Enrique Segovia. «Es una nueva burbuja apoyada en un modelo de agroindustria que nos hace mucho más vulnerables a las sequías que trae el cambio climático y está llevando al límite a humedales tan emblemáticos como el Mar Menor o los parques nacionales de las Tablas de Daimiel y Doñana», avisa el experto.

Este informe de ANSE y WWF coincide con la publicación en el Boletín Oficial del Estado, el pasado martes, del estudio de impacto ambiental para el 'vertido cero' al Mar Menor. Un documento elaborado por técnicos del anterior Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que identifica a los cultivos de regadío como el principal agente contaminador del humedal, un espacio natural protegido por varias figuras legales, algunas de ellas de rango internacional, y que cifra entre 430 y 615 millones de euros el coste de su recuperación ambiental, en un plazo no inferior a diez años.

El consejero cree que la cifra es «desorbitante»

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, considera «desorbitante» la cifra de 12.000 hectáreas de cultivos de regadío ilegales, asegura que no conoce aún el informe y que, en cualquier caso, el Gobierno regional no va a amparar «ninguna ilegalidad» a este respecto.

Del Amor destacó que las competencias en el uso del agua son de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y, si hubiera alguna otra transformación de secano en regadíos, «compete a los ayuntamientos porque tendrían que darle una licencia de obras». A este respecto, Del Amor aseguró que la Comunidad ha trabajado con la CHS.

«Cuando tengamos el informe lo estudiaremos y, si fuera así, desde luego, el Gobierno regional no va a amparar ninguna legalidad», ratificó el consejero, quien avanzó que el Ejecutivo establecería un protocolo urgente con la propia CHS para hacer un seguimiento de esas supuestos regadíos y, a partir de ahí, establecería «las medidas oportunas y contundentes para que eso se limitara».

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