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La Asamblea reclama al Ejecutivo de López Miras que haga la ley integral esta legislatura

Gregorio Mármol
GREGORIO MÁRMOLCartagena

El pulso que echan la oposición y el Ejecutivo autónomo a cuenta de quién debe hacer la ley integral para la protección de la laguna se decanta del lado de los primeros, por ahora. La Comisión Especial del Mar Menor de la Asamblea Regional decidió ayer reclamar al Ejecutivo de Fernando López Miras que se encargue de elaborarla antes de que acabe la legislatura.

El presidente de la comisión, el socialista Antonio Guillamón, dejó en el aire si recurrirán al artículo 23 del Estatuto de Autonomía para obligar a la Comunidad a hacerla, asumiendo así el previsible desgaste político que puede ocasionar su tramitación, al afectar a sectores económicos clave, como el campo, la construcción y el turismo. Su partido sopesa hacerlo, llevando esta petición al Pleno de la Cámara, donde PSOE, Podemos y Ciudadanos tienen mayoría frente al PP. Sí confirmó que en la próxima reunión de ese grupo consensuarán una serie de directrices y recomendaciones, «como orientación», para los técnicos de la Comunidad que reciban el encargo de redactarla.

Guillamón defendió que es posible tener una ley integral del Mar Menor aprobada antes del final de la legislatura, en mayo de 2019. Aunque denunció obstáculos del PP para impedirlo.

Los populares prefieren que el texto legislativo salga de la Ponencia del Mar Menor constituida a tal efecto en la Asamblea, «porque sería más rápido». El diputado Jesús Cano defendió que, si es el Gobierno regional el que toma esa iniciativa, será necesario someter el proyecto de ley a revisión de los consejos Jurídico y Económico y Social, ralentizando el proceso al menos un año. Cano pidió 21 nuevas comparecencias en la comisión, principalmente de ingenieros, agricultores, empresarios y técnicos agrícolas. Su propuesta fue aceptada.

Luis Fernández, de Cs, consideró adecuado seguir escuchando opiniones autorizadas que aporten nuevos puntos de vista sobre los problemas del Mar Menor. Pero se decantó por que sea el Gobierno regional quien redacte la ley. «La Ponencia daría soluciones políticas y el Mar Menor necesita soluciones técnicas y científicas», aseguró. La diputada de Podemos María Giménez Casalduero también denunció los «balones fuera» que intenta echar el PP en este asunto.

Estas acusaciones fueron contestadas por el Gobierno regional, quien destacó que ya ejerció su responsabilidad con el decreto de Medidas Urgentes «que la oposición destrozó con siete enmiendas abominables», aseguró una portavoz. El Ejecutivo defendió que la urgencia que se reclama en estos momentos solo se puede lograr si la ley integral sale de la Asamblea.

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