Paz sin impunidad en Colombia

El próximo 15 de junio, se celebrará la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales colombianas; la primera, celebrada el pasado 25 de mayo, la ganó el candidato del uribista Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga.

El presidente Santos, que ganó los comicios electorales del año 2010 envolviéndose en las banderas del uribismo, a juicio de muchos observadores políticos ha traicionado dichos principios abrazando los postulados del centro izquierda colombiano apoyándose en liberales de tinte progresista y antiguos guerrilleros, como el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a juicio no solo de sus detractores políticos sino de muchos observadores independientes, iniciando un Proceso de Negociación de Paz con la guerrilla de las FARC, que podría conducir a Colombia a un callejón sin salida.

Y ello si se pliega, tal como se atisba, ante las exigencias de impunidad jurídica de los terroristas, cuando muchos de sus dirigentes serían reos de una justicia internacional por evidentes delitos de lesa humanidad, con casi un millón de muertos a sus espaldas y millones de desplazados huyendo de sus atroces crímenes, abandonando sus tierras y desarraigándose de sus orígenes para iniciar un camino sin rumbo que les aleje de la represión y la barbarie terrorista. Un proceso de paz en el que el actual Gobierno ni siquiera ha logrado una tregua de la guerrilla, aceptando estar sentados con los mismos que están ordenando hasta la fecha crímenes y destrucción por doquier, solo alterada por la magnanimidad de dicho grupo fuera de la ley que ha concedido una pequeña tregua de una semana mientras se celebra el proceso electoral y que tampoco según las últimas noticias están cumpliendo a rajatabla, algo previsto para todos menos para el actual gobierno santista.

En estas elecciones no está en juego ni la paz de Santos ni la paz de Zuluaga, simplemente está en discusión la Paz en mayúscula, donde las víctimas sean resarcidas y los verdugos, autores atroces de crímenes de lesa humanidad, sean enjuiciados y cumplan sus penas, tal como determina el derecho internacional y la reiterada jurisprudencia de la Corte Penal de La Haya.

El uribismo y nuestro candidato presidencial desean mas que nadie una paz duradera y estable en Colombia y no una paz circunstancial e instrumentalizada electoralmente por el santismo y para ello no somos insensibles a que muchos de los miembros rasos del grupo terrorista sin delitos de sangre en sus manos obtengan beneficios penitenciarios y puedan reinsertarse en la sociedad civil, trabajando honradamente y conviviendo con sus familias, no descartándose para ellos, previa restauración y petición de perdón a las víctimas alguna forma de participación política. pero no la que Santos tiene prevista para los dirigentes de las FARC, auténticos protagonistas de las órdenes de ataque contra la población militar y civil colombiana, niños incluidos.

Los integrantes de los grupos negociadores van a discutir en el próximo punto de la agenda de las conversaciones de La Habana quizás el apartado más importante desde la perspectiva política y jurídica, pues afecta al devenir personal de los propios dirigentes terroristas y que no es otro que la exención de penas y su impunidad judicial con las formas de su participación política como telón de fondo. Para esta última, los dirigentes terroristas tienen diseñado un movimiento que ellos autodenominan bolivariano a imagen y semejanza del castrochavismo, con lo cual pasarían sin solución de continuidad de ejecutar todo tipo de actos sangrientos a formar parte de las instituciones que ellos durante tantos años han tratado de destruir, pretendiendo ahora continuar con su misión prevista pero ya desde dentro a fin de desactivar el Estado de Derecho que los Colombianos se concedieron con la Constitución de 1991.

El candidato Óscar Iván Zuluaga y el movimiento uribista que le apoya, el Centro Democrático, ubicado ideológicamente en el centro derecha ,basa su doctrina política en tres principios inalienables: la seguridad democrática, como forma de conseguir una paz duradera y estable donde debe imperar el Estado de Derecho, la confianza inversionista,como protección de la libertad de empresa y la propiedad privada,como cauces del progreso económico y la cohesión social,a fin de dar oportunidades a los más desfavorecidos con políticas sociales que favorezcan el desarrollo y modernización de la sociedad colombiana en su conjunto.