Constructoras y UE adelantarán 5.000 millones para un plan extraordinario de carreteras

Obras en una carretera. / Maika Salguero

Para no cargar un déficit aún bajo la lupa de Bruselas el Estado solo abonará un canon por 30 años según la calidad de la vía y podría ahorrarse parte con fondos europeos

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

El Estado dispone, las constructoras financian –en buena parte, eso sí, con apoyo europeo y de la banca– y el retorno de los fondos se alargará durante tres décadas en función de la calidad de la infraestructura. Es la única alternativa que el Gobierno ha puesto encima de la mesa de las compañías del sector si quieren que las licitaciones de obra pública no sigan cayendo como vienen haciendo desde la crisis. El Ministerio de Fomento, por ejemplo, las redujo un 73% en 2016 (1.183 millones de euros menos) y hasta mayo no había lanzado ni un solo contrato de carreteras.

La propuesta se recoge dentro del llamado Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), para el que se prevé una inversión de 5.000 millones de euros y del que en las últimas semanas han hablado representantes del Ministerio de Fomento y de las organizaciones del sector aunque sin cerrar del todo el acuerdo. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó este viernes en público el borrador del proyecto rodeado de gran parte de los altos ejecutivos de las principales constructoras.

Ante ellos precisamente quiso lanzar el mensaje de que ahora que «España ha superado una gran crisis que obligó a ajustar las inversiones», ya está «preparada» para «dar un impulso» a las infraestructuras, «un sector que aún no se ha sumado al crecimiento y la generación de empleo». Rajoy, eso sí, advirtió de que aún no se han superado los rigores del procedimiento de déficit excesivo al que está sometido el país, aunque está «a punto» de ello.

Por eso, puntualizó que también hay que evitar «cargar» nuevos gastos a los Presupuestos pero, a la vez, multiplicar esa capacidad –hasta seis veces más con la inversión prevista en el PIC, que según Fomento conllevará un retirno fiscal de «unos 3.000 millones»–. La consecuencia es que de esos 5.000 millones para carreteras –para nuevos tramos de la denominada red transeuropea, resolver cuellos de botella en las vías existentes y mejorar la red de autovías– no adelantará un solo euro.

Para ello se recurrirá tanto a préstamos «en condiciones preferentes y únicas» del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que se haría cargo de un 40% del coste, como a líneas crediticias de las entidades financieras, que cubrirían otro 40% del presupuesto de construcción de los nuevos tramos de carreteras de alta capacidad, con una extensión estimada de 2.000 kilómetros, el equivalente a un 12% de la red viaria actual. El otro 20% lo adelantarían las constructoras.

Evitar fiascos pasados

El Estado iría retornando luego esos fondos a las empresas en pagos anuales durante un período de 30 años, en el que las constructoras se encargarán de su mantenimiento. Y para evitar el fiasco de las autopistas de peaje en quiebra -que obligará al Estado a rescatarlas en 2018 con un coste para las arcas públicas superior a los 3.700 millones- a causa del descenso de la demanda, no se pagará en función del número de vehículos que utilicen las nuevas vías sino con arreglo a su estado, esto es, que se cumplan unos estándares de calidad y seguridad.

Es lo que se conoce como pago por disponibilidad y cuyo uso cada vez es más frecuente en Europa, al representar ya el 90% de los proyectos de colaboración público-privada frente a solo el 5% que suponían hace 10 años-. Fomento tiene la pretensión de que «todas» las actuaciones del plan «aseguren una rentabilidad mínima y un ratio beneficio/coste claramente positivo», además de superar una evaluación «estricta» de posibles impactos medioambientales. Por eso, según fuentes gubernamentales, las inversiones se centrarán en grandes obras, con presupuestos de al menos 100 millones y unos 200 como promedio, que incluirán también una modernización de las llamadas autovías de primera generación, las más antiguas.

Las obras, que se espera puedan comenzar en otoño -«después del verano» se anunciarán los detalles del plan-, se alargarán entre 2017 y 2021. En esa fase de inversión se prevé crear 150.000 empleos, a los que se sumarán otros 39.200 durante el mantenimiento; en total, serían 60.000 puestos de trabajo directos y el resto indirectos o inducidos. Fomento, además, espera reducir la factura final consiguiendo fondos del llamado ‘Plan Juncker’ de la UE.

Dos de las principales organizaciones representativas del sector, Seopan de las grandes constructoras y ANCI de las medianas, valoraron este viernes el anuncio del Ejecutivo como «el inicio de una nueva etapa» que, esperan, «señale el camino a seguir por el resto de las administraciones públicas». Sin embargo, desde el PSOE fueron muy críticos con el nuevo plan, que tacharon de «tomadura de pelo» e «insulto a la inteligencia» por su reducida cuantía dado que, según sus cálculos, solo en mantenimiento de la red viaria existe un déficit superior a los 6.000 millones.

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