La batalla política de la regla de gasto

Cristóbal Montoro./Efe
Cristóbal Montoro. / Efe
ANTONIO PAPELL

Un retraso de cuatro minutos del Partido Popular sobre el límite de tiempo establecido ha impedido al Gobierno del Estado vetar la iniciativa de Unidos-Podemos para modificar la regla de gasto de los Ayuntamientos. El veto, que ha sido utilizado por el Gobierno del PP en más de 70 ocasiones, se basa en que la Constitución lo permite cuando la propuesta en cuestión afecta a los ingresos o gastos presupuestarios.

La llamada regla de gasto es, según explica la Airef, el instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que, en un horizonte de medio plazo, el crecimiento del gasto de las Administraciones Públicas venga limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo. El gasto público quedó severamente limitado por la reforma del artículo 135 de la Constitución, modificado con el consenso de PP y PSOE en 2011 por imperativo de Bruselas, y para evitar el rescate de la economía española.

Lo cierto es que actualmente es el Gobierno el que establece los límites de déficit de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, que, en virtud de la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), no podrán superar conjuntamente la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española. Con la particularidad de que los Ayuntamientos, que suelen estar más saneados que las comunidades y que el propio Estado, se encuentran frecuentemente con superávits que no pueden reinvertir ni en dotaciones ni en políticas sociales. El caso de Madrid no es ni mucho menos el único, pero quizá sí el más llamativo ya que Carmena y Montoro llevan mucho tiempo disputando por la prohibición de gastar en beneficio de los madrileños unos recursos excedentarios que les beneficiarían.

La modificación de la regla de gasto en la LOEPSF permitiría a las Corporaciones Locales que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como con el periodo máximo de pago de la deuda comercial -es decir, con un nivel de endeudamiento inferior al 110% de los recursos corrientes y un plazo medio de pago a proveedores inferior a 30 días-, reinvertir su superávit fiscal. El objetivo de la deuda, que nos vincula a la Unión Europea, no es renunciable, por lo que la Hacienda estatal ha de mantener un estricto control del gasto; sin embargo, es injusto que las corporaciones locales hayan de ser siempre las damnificadas por el escaso autocontrol del Gobierno o de las autonomías. Sería, en fin, muy deseable que la reforma saliera adelante, con la debida moderación y con el consenso de las principales fuerzas políticas, incluido el partido gubernamental.

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