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Las pymes aplican el despido 'exprés' ante la inminente reforma del Fogasa

ECONOMÍA

Las pymes aplican el despido 'exprés' ante la inminente reforma del Fogasa

La patronal del comercio y la de la pequeña empresa dan por hecho que se aceleran expedientes colectivos antes del 31 de diciembre para ahorrar el 40% de costes en indemnización

26.12.13 - 00:42 -
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De «vergüenza». Así califican la patronal de pequeñas y medianas empresas de la provincia Cepyme y la del comercio Facpyme la reforma del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que pondrá en práctica el Gobierno central a partir del 1 de enero de 2014 y que elevará un 40 % los costes del despido en las pequeñas y medianas empresas de menos de 25 trabajadores. Dada la estructura del tejido productivo de la provincia, el 95% de las empresas y negocios están afectados por la enmienda a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 presentada por el grupo del PP. En Alicante y Valencia ya se han acelerado los despidos colectivos 'exprés' para ahorrar el coste de indemnizaciones que hasta el día 31 asume el organismo del Ministerio de Trabajo, según alerta la secretaria de la patronal del comercio regional Covaco, Amparo Barroso.

La supresión del pago directo por el Fogasa de parte de la indemnización (8 días) en los despidos por causas objetivas (económicas, técnicas, productivas u organizativas) supone eliminar un importante ahorro a las empresas que acudían a la entidad dependiente del Ministerio de Empleo en situación de crisis por insolvencia, quiebra o concurso de acreedores, cuyos empleados tenían asegurado este desembolso público. Desde enero, lo asumirán en su integridad los pequeños empresarios de España, en el caso de Alicante la inmensa mayoría. El presidente de la patronal del comercio Facpyme, Pedro Reig, no sale aún de su asombro. «Esto es una vergüenza, no solo porque deje de pagar el Gobierno la parte que les corresponde, sino, y sobre todo, porque la medida solo se aplicará a las microempresas, que son las más indefensas y las que menos gente han despedido durante la recesión en España y en la Comunitat Valenciana», agrega Pedro Reig.

La eliminación de esta aportación que hacía el Fogasa se ha realizado a través de una enmienda presentada por el PP en el último momento en el Senado en la tramitación de los Presupuestos del Estado de 2014 sin negociación previa ni información a los agentes sociales. Si se produce la causa justificativa alegada en el despido -muy amplia tras la reforma laboral- las pequeñas empresas tendrán un menor margen para negociar y mejorar la indemnización legal establecida en el Estatuto de los Trabajadores, de 20 días por año trabajado. Los ocho días del Estado ya no computan y la negociación se estrecha considerablemente, según Facpyme y Cepyme Alicante.

Las asesorías y consultorías de pymes y comercios ya están enviando notificaciones a sus clientes en las que advierte de que el pequeño empresario lo tenga en cuenta si tiene menos de 25 trabajadores y se estaba planteando la posibilidad de acometer despidos objetivos a corto plazo en base a las causas vinculadas a situaciones de crisis económicas como falta de pedidos o sobra de personal dentro de la reorganización.

«Agravio comparativo»

Por su parte, el presiente de Cepyme Alicante, Cristóbal Navarro, considera que el cambio legislativo que pretende que el Fogasa deje de contribuir en los despidos por causas objetivas «dejará una vez más a las pymes en un agravio comparativo inaceptable».

El recorte del citado pago directo de parte de las indemnizaciones en las pymes perjudicará los intereses de los trabajadores, quienes vienen sufriendo las demoras de varios años en el cobro de los pago de empresas en situación de crisis.

La disposición, que desaparecerá el 1 de enero de 2014, ha estado recogida en el Estatuto desde 1984. Ahora, el Gobierno la elimina (según se lee en la justificación de la enmienda) para «recuperar para el Fogasa su naturaleza de entidad de aseguramiento [...] desincentivando el despido y fomentando el mantenimiento del empleo». Pero los agentes sociales dudan de la oportunidad de la medida y no se creen que el Ejecutivo pretenda evitar despidos, sino que sospechan que detrás de esta reforma se esconde sencillamente la voluntad de ahorrar.

Solo en Alicante y Valencia las indemnizaciones y salarios que reclaman las personas afectadas supera los 300 millones en las tres delegaciones provinciales de la Comunitat Valenciana y afecta a cerca de 80.000 trabajadores. El Fogasa cedió la gestión de parte de los expedientes atrasados en la autonomía al grupo Tragsa, que los trasladó a Madrid para intentar desatascarlos, aunque no lo ha conseguido, según

El Fondo de Garantía Salarial desembolsó 184,6 millones de euros en la Comunitat Valenciana (la segunda mayor cantidad de España tras Cataluña) durante 2012. En este periodo de tiempo resolvió 18.296 expedientes, relativos a 10.150 empresas y que afectaron a 30.160 trabajadores. El PP niega que los cambios del Fogasa vayan a afectar a los trabajadores que ya están inmersos en un expediente de regulación de empleo (ERE) o a las empresas insolventes. Cepyme rechazó la aprobación de enmienda para suprimir la aportación del Fogasa a despidos.

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Protesta de la plantilla de una empresa en la delegación de Trabajo de Alicante :: R. A.



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