En medio de las conocidas consignas: «No hay pan para tanto chorizo», «Queremos nuestro dinero», «Corruptos a la cárcel» o «No queremos acciones, queremos el dinero», un centenar de afectados por las cuotas participativas agrupados en la denominada Plataforma CAM que representa el letrado murciano Diego de Ramón (cuya demanda instruye ya la Audiencia Nacional por supuesto delito de estafa) increparon, uno a uno, a los noventa vocales de los 180 que acudieron a la asamblea.
A juzgar por el sonido de las sirenas, todo apuntaba que eran los miembros de CGT los congregados, como en tantas otras ocasiones, frente al Aula CAM de Doctor Gadea, en Alicante. Pero ningún delegado de ese activo sindicato se dejó ver por el lugar, salvo Carlos Navarro, que sí dio explicaciones tras el cónclave, las mismas que eludió el administrador principal del Frob, José Antonio Iturriaga Miñón, al que ni se le vio acceder ni salir por la puerta principal.
Para entonces, cuatro policías nacionales y otros tantos de la local impedían el acceso al aula de persona ajena a la asamblea CAM. Por supuesto, a las decenas de cámaras y redactores de todos los medios de comunicación alicantinos e incluso nacionales, con unidades móviles de televisión incluidas.
La Policía se vio obligada a reforzarse poco después, conforme aumentaba la tensión en el lugar. También tuvo que habilitar un pasillo de seguridad, con vallas y el precinto al uso. José Belmonte, que cobró proyección pública en el juicio a la exdirectora Amorós, fue uno de los más activos, junto a Carlos Pena, el portavoz. Mireia Mollà, de Compromís, observaba la escena: «En Compromís hemos querido estar presentes en la concentración porque no queremos que las cuotas participativas se quedan con valor cero, ya que esto significaría que miles de personas perderían sus ahorros». Añadió que «nuestro objetivo es acompañar a los afectados por este fraude y estafa de la CAM». «Vamos a luchar hasta el final para que estas personas puedan recuperar su dinero porque lo que hizo la gente que hoy está reunida como consejera fue atentar contra su dignidad, sus derechos y sus recursos económicos», dijo, acompañada por otros miembros de su coalición. Ningún representante electo u orgánico de PP, PSPV o EU. La llegada de Armando Sala fue la más sonora. Fue casi acorralado en uno de los laterales de la puerta principal por afectados y cámaras. Algún ahorrador le llegó a pegar la cara en gesto desafiante, no sin antes insultarle e increparle. La tensión no fue tan elevada cuando accedieron otros consejeros conocidos como Eladio Aniorte, Manuel Peláez Robles, Luis Díaz Alperi, José Enrique Garrigós, Pere Joan Devesa, Gaspar Hernández o Juanma Cabot. También estuvo el presidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés, que había convocado previamente una reunión en la sede de San Fernando. Al expresidente de CAM, Modesto Crespo, que el miércoles declara como imputado por delito de Estafa en la Audiencia Nacional, ni se le esperaba ni se le vio.
«Estoy harto de mentiras, me voy», explicó un consejero anónimo, elegido por sorteo en el grupo de impositores, a la hora de iniciarse la sesión, ajeno a su resultado. Garrigós, que fue perseguido por varios afectados, zarandeado y casi agredido, también marchó antes de acabar la sesión «porque tengo que trabajar». Dejó el voto delegado. Una joven de Orihuela, bajo la sombra de una palmera, 'tuiteaba' cuanto ocurría para amigos y familiares afectados por la quiebra de CAM. Triste final, hasta en la red, a 137 años de historia viva en Alicante y sus 140 municipios.
