La Fiscalía Superior de Murcia considera que el cúmulo de presuntas irregularidades, infracciones y atentados ecológicos en los que habría incurrido en los últimos años la planta de Proambiente en Abanilla son motivo, más que suficiente, como para que las instalaciones no puedan volver a funcionar. Al menos, por el momento. Y como no le satisface la idear de que el asunto dependa de una decisión política, ha reclamado del juzgado de Cieza que emita una orden de cierre preventivo del vertedero. La resolución estaría vigente en tanto se desarrolla la investigación que, bajo la denominación 'Caso Subterráneo', trata de esclarecer delitos contra el medio ambiente presuntamente habrían cometido los responsables de la planta, con el propietario, Ángel Fenoll, a la cabeza.
El objetivo de la Fiscalía al solicitar la orden de clausura judicial de las instalaciones de Abanilla, señalan fuentes próximas al caso, es impedir que puedan ser cometidos nuevos supuestos delitos.
La petición, cursada la semana pasada por el fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, tiene su base en la operación policial desarrollada el pasado viernes 29 de junio, cuando un amplio grupo de guardias civiles, encabezados por agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) se desplegaron en torno al vertedero y descubrieron 25 camiones llegando al mismo, cargados de basura, desde municipios de la Vega Baja del Segura y también de la Región de Murcia. Los residuos sólidos urbanos (RSU), que es como se conoce técnicamente la basura domésticas, estaban siendo depositados en una gran zanja, de 250 metros de largo por tres de fondo y cinco de ancho, y presuntamente iban luego a ser enterrados con ayuda de dos excavadoras.
El expediente abierto en horas posteriores por agentes de Medio Ambiente, enviados al lugar por la Consejería de Presidencia que dirige Manuel Campos, establecieron que se habían depositado junto al llamado 'vaso inicial', de manera presuntamente ilegal, un total de 400 toneladas de residuos. En la actualidad, y desde el pasado septiembre, el vertedero tiene prohibido por la Administración regional realizar cualquier vertido RSU y solo mantiene en funcionamiento la planta de compostaje. La situación parecía que podía cambiar en breve, ya que la declaración de impacto ambiental del 'vaso 3' había recibido recientemente el visto bueno. Un hecho que, unido a un aparente cambio de actitud por parte de la dirección de la empresa, que había manifestado su voluntad de cumplir escrupulosamente la legalidad, había llevado a Medio Ambiente a barajar el levantamiento de la orden de clausura. Sin embargo, la aparente infracción detectada el viernes 29 ha llevado a la Comunidad Autónoma a reconsiderar si permite la reapertura, tal y como ha admitido el consejero Campos.
La posición de la Fiscalía Superior respecto de este asunto es bastante más contundente. Considera que la serie de supuestas ilegalidades que se vienen produciendo desde hace años son motivo suficiente como para mantener cerrado el vertedero y, para que ello no dependa de una decisión política, ha pedido a la juez de Cieza que ordene la clausura cautelar.
Esa misma medida ya había sido solicitada antes, pero la juez la había rechazado, motivo por el cual la Fiscalía había recurrido la resolución ante la Audiencia Provincial. Ahora, con los nuevos datos en su poder, insiste en que el vertedero de Fenoll siga con el cierre echado.
