ETA es incapaz de crear la mínima fisura o disensión pública en la unidad antiterrorista. Denuncie lo que denuncie o reclame lo que reclame en sus comunicados su efecto divisor es nulo. La alianza para la liquidación de la violencia que han forjado PP, PSOE y PNV, respaldada por todo el arco parlamentario, salvo Amaiur, da al Gobierno la estabilidad que precisa para mantenerse firme frente a ETA y trasladar el mensaje a la organización terrorista de que no tiene otra opción que su disolución definitiva sin esperar nada a cambio.
ETA volvió a comprobarlo ayer. El comunicado remitido al diario 'Gara', en el que denuncia que los Ejecutivos español y francés ignoran los casi nueve meses de cese de la violencia y tratan de «paralizar y obstaculizar» el proceso de paz, fue despreciado de manera unánime por los Gobiernos central y vasco y por los principales partidos, que no quisieron ni comentarlo. El desplante fue similar al que recibió tras su escrito público de mayo pasado, en el que emplazaba a ambos países a abrir un proceso de diálogo y comunicaba que ya había nombrado su equipo de interlocutores.
Semejante uniformidad de criterio permitió de nuevo a Jorge Fernández Díaz responder ayer a la banda desde el discurso sin concesiones y la exigencia de «disolución incondicional». El ministro del Interior recomendó a ETA desde Melilla que deje cuanto antes de engañarse y de reclamar diálogos y gestos para dar nuevos pasos hacia la entrega de las armas porque no van a llegar. Tiene que admitir, agregó, que «ha sido derrotada policialmente por el Estado».
Lo hizo una vez más desde la advertencia de que, más pronto que tarde, se va a tener que disolver «por las buenas o por las malas». El titular de Interior indicó que ya no basta con que «deje de actuar» -como prometió el 20 de octubre de 2011- sino que «tiene que dejar de existir», para lo que es preciso que disuelva «las estructuras diezmadas y extraordinariamente debilitadas que mantiene en la clandestinidad».
Más detenciones
La única alternativa que le ofrece son las malas. «Un día sí y otro también la Policía y la Guardia Civil están poniendo a disposición de la Justicia a todos aquellos miembros de ETA que son localizados y detenidos». Son ya 18 los presuntos terroristas arrestados este año. «Y así vamos a continuar», aseguró el ministro. Nada pareció importarle las palabras de la banda de que, pese a ratificarse en el compromiso de fin de la violencia en el comunicado, dijo que estas detenciones provocan «situaciones de alto riesgo» y que son «incompatibles con cualquier proceso de solución».
Alfredo Pérez Rubalcaba también contestó a ETA con contundencia. Al líder del PSOE le dio igual el contenido del comunicado porque el PSOE «apoya (siempre) al Gobierno» ya que «la política antiterrorista está pactada». No ocultó que, como también le ocurre al PNV, en ocasiones puede no estar del todo de acuerdo con los ritmos que está dispuesto a asumir el Ejecutivo, pero que ese debate, las pequeñas discrepancias, no va a trascender y menos a fragmentar la unidad. «Si tengo discrepancias descuelgo el teléfono y se lo digo al ministro del Interior, pero no lo hago público», aclaró. Sus compañeros de partido en el Gobierno vasco fueron aún más lacónicos. El Ejecutivo de Vitoria no quiso ni comentar el comunicado porque no había «ninguna novedad».
El PSOE y el PNV fueron de hecho la otra diana de las iras de ETA, que les acusa de ser comprensivos y colaboradores en «la agenda contra la paz» que lideran los Ejecutivos de España y Francia. La tercera gran crítica de los terroristas fue contra el plan de reinserción para sus presos puesto en marcha por Interior y que condiciona el acercamiento a la ruptura con ETA. La banda considera que con esta oferta «solo busca bloquear toda opción de avance» en las cárceles.
Las únicas críticas al Gobierno llegaron otra vez de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que exigió la ilegalización de la izquierda abertzale y el fin de la reinserción para creer que no habrá diálogo o cesión alguna a cambio del fin de ETA.
