Vídeo: M.R.S.
María Medina, de 31 años, se enteró hace un mes de que tenía las prótesis de silicona reventadas. Se operó por primera vez hace nueve años y lleva casi seis en este estado. El líquido de las mismas se filtró por su cuerpo y se le han formado quistes de grasa en las axilas, conocidos como siliconomas (tumores benignos). Ahora, la mayor preocupación de María es su hija, de casi dos años, a la que amamantó durante sus meses de lactancia. Pese a que los pediatras no ven ningún síntoma en la niña, «el tiempo dirá».
Como ella, casi medio centenar de mujeres afectadas por la baja calidad de las prótesis mamarias PIP se concentraron ayer en la Plaza de la Montañeta de Alicante para reclamar soluciones económicas y sanitarias. Todas gritaban al unísono: «¡Queríamos ser operadas y no envenenadas!». A pesar de que la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre) no ha acreditado la toxicidad de las prótesis PIP, este producto está retirado en toda la Unión Europea y en España se recomienda quitarlo.
Las afectadas se ven desprotegidas por la Seguridad Social, ya que una vez que son conscientes del tipo de silicona de baja calidad que les han implantado y quieren comprobar en qué estado se encuentran deben acudir a clínicas privadas para someterse a una resonancia magnética. «La sanidad pública no nos cubre los gastos de la prueba porque considera un lujo estas operaciones», manifestaba una de las afectadas.
Todavía se preguntan «cómo puede ser que el médico de cabecera no se haya dado cuenta de la situación», muchas con embarazos de por medio. O en el caso de Natividad García, quien se encontraba con las prótesis «brutalmente rotas», después de cinco años y medio con ellas.
Una vez decidida a prescindir de los implantes o cambiarlos por otros, cada mujer se enfrenta a un diagnóstico diferente que obliga a los médicos y cirujanos a adoptar una u otra medida. En el caso de Mila Molina, han tenido que retirarle las PIP y colocarle los nuevos implantes en la parte posterior del músculo pectoral, no anterior como la primera vez que la operaron, porque había daño en los tejidos. Ahora, el postoperatorio «está siendo el doble de doloroso que la primera vez».
Los casos de quistes y filtraciones de silicona a los ganglios son los que más les asustan, por las dificultades en la cirugía y los riesgos que corren, frente a la opción relativamente sencilla de reemplazar un implante por otro. Ana Isabel Gutiérrez lo sabe bien. Ella se operó tras descubrir por vía privada que el implante derecho estaba roto. En la actualidad, se encuentra de baja y los médicos le han recomendado que, tras permanecer cuatro días con drenajes, no mueva mucho el brazo «para que no se haga líquido» en la zona.
María Ángeles González, otra afectada, ha llegado a encontrarse con clínicas que aceptaban cambiarle las prótesis pero se negaban a efectuarle la cirugía de limpieza, «ni pagando», por la dificultad que entraña.
Asesoramiento legal
Frente a la sensación de desprotección, los abogados Carlos Frigola y Raquel Sánchez presentarán una demanda en marzo contra las clínicas y los cirujanos que colocaron las prótesis, ya que consideran a ambos «igual de responsables que a Sanidad». La Fiscalía les ha trasladado su intención de investigar, con lo que no descartan que se abran diligencias de oficio y se investigue lo ocurrido ante la posibilidad de un delito contra la salud pública.
Ya son 150 las alicantinas que luchan por su salud y su bolsillo. Las clínicas y empresas de estética quieren que, en época de crisis, paguen otra vez por tener unos implantes en condiciones. Sánchez comenta que representan a una chica «incluso con el pecho amputado» debido a las prótesis francesas.
Las indemnizaciones que recibirían en caso de ganar las demandas varían según el nivel de perjuicio de cada una de las mujeres afectadas. Sánchez calculaba entre unos 6.000 y 7.000 euros para la mayoría de los casos de «riesgo moderado» .
Las clínicas y empresas estéticas están estableciendo precios especiales para que las mujeres que lo necesiten puedan cambiar sus prótesis por aproximadamente 2.000 euros. Una de ellas se quejaba de «tener que pagar por segunda vez sin tener claro cuánto realmente valen los implantes», después de recibir presupuestos muy dispares. Dentro de la plataforma son pocos los teléfonos de los cirujanos en los que confían y algunas incluso viajan a Valencia, con el coste añadido que les supone.
María Ascensión García se ha visto obligada a costearse tres de las cuatro operaciones que le han tenido que hacer, en total 8.300 euros. «Me querían cobrar la cuarta y les dije que habían pasado unos meses y estaba en garantía», explica. Aún así le colocaron otra vez prótesis PIP «solo 23 días antes» del anuncio de la retirada. Ha impuesto una demanda a su cirujano de Benidorm.
La plataforma alicantina está intentando negociar con entidades bancarias algún tipo de financiación, sin éxito. Uno de los abogados argumenta que «es muy difícil presentar un presupuesto cerrado» porque cada una necesita un tratamiento diferente. Muchas de ellas acuden a familiares para pagar las facturas , dada la complejidad de recibir posibles ayudas o subvenciones.
