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Otro sobresalto en la política valenciana. Otra investigación judicial que siembra dudas sobre la limpieza de decisiones adoptadas desde la administración autonómica durante la última etapa. La titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia ordenó ayer por la mañana la detención del director general de Cooperación, Josep Maria Felip, así como la de otras nueve personas, en el marco de una investigación sobre la concesión de ayudas y subvenciones del Gobierno valenciano para proyectos en el tercer mundo. En el centro de la operación, la gestión de Felip durante la etapa como conseller de Solidaridad y Ciudadanía del ahora portavoz popular en Les Corts, Rafael Blasco. A día de hoy la cifra de detenidos subía a catorce.
Tal y como precisó ayer al mediodía el TSJ valenciano, se investigan los delitos de fraude en la concesión de subvenciones, malversación de caudales públicos, falsedad documental y otros. El procedimiento judicial está abierto desde el pasado mes de mayo, aunque ha sido ahora, nueve meses después, cuando se ha desarrollado la operación.
El origen de la investigación judicial son las denuncias presentadas por PSPV y Compromís en 2008 ante la fiscalía anticorrupción de Valencia. La primera, en relación con el supuesto desvío de fondos públicos (hasta dos millones de euros) dedicados a proyectos de cooperación en Nicaragua y que habrían terminado sirviendo para que la Fundación Cyes -nada que ver con la constructora del mismo nombre- adquiriera distintos inmuebles y enseres en la ciudad para montar su propia sede social. La segunda, relacionada con lo que se ha venido en denominar la 'trama de las ONG', en la que se investigaría otro caso de el supuesto desvío de fondos dirigidos al tercer mundo, a través de la Fundación Hemisferio.
La detención de Felip, a primera hora de la mañana y al parecer en su propio domicilio, disparó todas las alarmas. Persona de la máxima confianza de Rafael Blasco, Felip asumió en 2008 la dirección general de Cooperación -entonces dependiente de la conselleria que dirigía Blasco y que ahora depende orgánicamente de Justicia y Bienestar Social-.
El fiscal anticorrupción de Valencia, Jesús Carrasco, dirigió en primera persona las operaciones. Primero, según las fuentes consultadas por este diario, con un registro en el propio domicilio de Felip, a la búsqueda de documentación relacionada con las investigaciónes. Sólo unos minutos antes del mediodía, Carrasco, Felip y varios agentes judiciales se presentaron en la sede de la dirección general de Cooperación. Según fuentes de ese departamento, allí permanecieron por espacio de cuatro horas (hasta casi las cuatro de la tarde). Y durante ese tiempo revisaron diversa documentación, entre los que se encontraban expedientes de adjudicación de ayudas, así como discos duros de ordenador y datos de registro de entrada y salida de documentación. El subdirector general de Cooperación, Francesc Gamero, se encargó en representación del conseller Jorge Cabre, de acompañar al fiscal y al resto de agentes judiciales durante todo el registro, del que no trascendió el resultado concreto.
La detención de Felip -propuesto para el cargo bajo la etapa de Rafael Blasco como conseller, en el penúltimo Gobierno presidido por Francisco Camps- siembra de dudas la política de concesión de ayudas para el tercer mundo desde ese departamento, y el supuesto desvío de fondos para propósitos distintos de los inicialmente aprobados en los proyectos de cooperación.
La constatación más evidente de esa circunstancia fue el resto de detenciones -otras nueve-, y la imputación de otro cargo de la administración autonómica, el subsecretario de la conselleria de Sanidad, Alexandre Català. No por esa responsabilidad -asumida tras las últimas elecciones autonómicas-, sino por haber ejercido de subsecretario en Solidaridad y Ciudadanía, bajo la etapa de Blasco. Català, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València -igual que Josep María Felip- fue un fichaje del exconseller tras las elecciones de 2007. Como subsecretario, entre sus funciones figuraba la de supervisar y garantizar la legalidad de las decisiones adoptadas desde ese departamento.
Tanto Felip como Català fueron destituidos de manera fulminante de sus responsabilidades en el Gobierno valenciano. Así lo anunció al mediodía el presidente Alberto Fabra, tras proclamar que cualquier actuación «que no sea propia de lo que todos los ciudadanos esperan que deba hacer un gestor, será censurable». Por la tarde, el PP valenciano también anunció la apertura de un expediente informativo a Felip y Català, en ambos casos militantes de case del partido. Se trata de la primera aplicación de los nuevos estatutos del partido, aprobados en el congreso nacional del pasado fin de semana en Sevilla, e impulsados por el propio líder de los populares de la Comunitat.
Tercer funcionario
El procedimiento de ayer afecta a un tercer funcionario de la administración autonómica. Se trata de Marc Llinares, exjefe de área de Cooperación en la etapa Blasco, y que es otro de los detenidos. Llinares es funcionario del servicio de informática de la administración autonómica, dependiente de la dirección general de Modernización, adscrita a la conselleria de Hacienda y Administración Pública. A Llinares se le relaciona con la adquisición de una embarcación a través de una subvención concedida desde el departamento en el que trabajaba.
Entre los detenidos, según fuentes próximas a la investigación, figuran también los responsables de la Fundación Cyes -a la cabeza su máximo responsable, Marcial López (condenado poor apropiación indebida en su etapa como presidente del Colegio de Enfermería de Castellón)-, así como Fernando Cañete Marco, administrado único de Inelme y al que se ha venido atribuyendo la realización de facturas para distintos proyectos de cooperación.
Entre los detenidos, que algunas fuentes elevaban a última hora de la tarde de ayer por encima de la decena, figuran los hermanos Arturo y César Augusto Tauroni. Se trata de dos personas de la máxima confianza de Blasco, y según algunas fuentes, vinculados a la captación de subvenciones para la cooperación.
