La intervención en la Asamblea Regional de Murcia del consejero de Presidencia del gobierno de esta región, Manuel Campos, no ha tranquilizado para nada al alcalde oriolano, Monserrate Guillén, quien acudió a Cartagena a presenciar la comparecencia del responsable de esta administración autonómica en la que se habló sobre la situación del vertedero de Abanilla sobre el que el pasado mes de octubre se dictó un decreto de cierre por diversas irregularidades emitido por el departamento que dirige el propio Campos. Guillén afirmó que la duda que tiene después de escuchar las palabras del consejero es que si los vasos 1 y 2 de la planta de Proambiente están cerrados, el 4 se encuentra en el LIC (Lugar de Interés Comunitario) de la Sierra de Abanilla, el 5 no está en funcionamiento y el vaso tres está colmatado y pendiente de ampliación, «cómo es posible que se aboquen residuos», y se preguntó dónde lo hacen los cuatro ayuntamientos de la Región de Murcia que eliminan su basura en este vertedero (Beniel, Santomera, Abanilla y Fortuna), los 16 de la Vega Baja y otros de la provincia de Alicante.
No tardó en contestarse él mismo a la pregunta, de manera que el munícipe afirmó que «sabemos que se tira -la basura- en fincas cercanas, porque se han hecho prospecciones y se han encontrado restos de basura», al tiempo que recordó que uno de los portavoces de la oposición al gobierno murciano manejó un informe en el «que se detectaba contaminación».
A la espera de que el próximo lunes la Consejería de Presidencia tome una decisión sobre el cese de actividad que se ordenó el pasado 6 de octubre, que después de las declaraciones de su titular apuntan a que se levantará el decreto de cierre, ya que Campos indicó, entre otras cosas, que había que tener en cuenta los puestos de trabajo que genera la empresa de Fenoll en Abanilla, el problema que supondría para la Región restituir todo a como estaba y el hecho de que la mercantil ya ha iniciado la rehabilitación de las zonas afectadas de la sierra, la primera autoridad del municipio espera que se proporcione un lugar dentro de los límites de la comunidad vecina para la entrada de camiones, «porque no puede ser que se levante la prohibición y sea desde Orihuela desde donde se entre y tengan que ser los vecinos de La Murada los que sorporten el tráfico de vehículos».
El ecologista recordó que existen sentencias judiciales que dicen que la entrada al vertedero está en término municipal oriolano y por tanto, en una comunidad autónoma distinta a la que da los permisos a esta actividad. De hecho esto último, pero en referencia a la pretendida ampliación del vaso 3, también está en manos de los servicios técnicos municipales y de los datos obtenidos se ha dado traslado tanto a la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana como a la murciana, ya que según los informes realizados en el Ayuntamiento este vaso ampliado cuenta con instalaciones en territorio oriolano, como las oficinas o los mismos accesos.
Guillén mostró el convencimiento del gobierno municipal de que, por la cartografía que se maneja, parte de esta ampliación está en Orihuela, por lo que se ha alegado en este sentido, algo de lo que dijo se negó a hablar el consejero murciano y que el munícipe considera que deberían solicitarse los permisos de actividad por parte de la mercantil también en el Ayuntamiento de la ciudad.
Con todo esto lo que espera el alcalde de Orihuela es que se tengan en cuenta las valoraciones técnicas ya que consideró que la intervención del consejero pocos días antes de que se tenga que tomar una decisión sobre el decreto de cierre estaba planificada una vez cesada también la directora general de Medio Ambiente murciana.
