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El ministro de Exteriores, Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se pronunciaron ayer por primera vez sobre la polémica suscitada ante la posible paralización de las obras de la sede de Casa Mediterráneo por falta de fondos. Mientras la alcaldesa se escudó en que, por el momento, «no hay ningún tipo de información oficial» que sustente la alarma, García-Margallo aportaba la primera al asegurar que las «restricciones presupuestarias» obligarán a recortar los dos millones de euros previstos para la tercera fase de los trabajos.
García-Margallo realizo estas declaraciones después de mantener un encuentro con empresarios en Valencia, preguntado por la situación de Casa Mediterráneo , tras las informaciones que apuntan a que el Gobierno central podía dejar inacabadas las obras de la sede de esta institución, ubicada en la antigua Estación de Benalúa.
El ministro explicó que hay tres fases previstas en el desarrollo de Casa Mediterráneo . La primera fue de alrededor de un millón de euros de los cuales el Ministerio de Fomento, con cargo al 1 por ciento Cultural, pagó 750.000 euros, el 75 por ciento, que es el máximo previsto. La segunda fase, también presupuestada en un millón de euros, «también se ha librado con ese máximo de 750.000 euros». Respecto a la tercera fase, García-Margallo indicó que estaba previsto un presupuesto de dos millones de euros, pero «es obvio que con las restricciones presupuestarias que tenemos habrá que recortar eso».
Voluntad de terminar la sede
El ministro aseguró, no obstante, que ha hablado de este tema con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, y «nuestra voluntad es terminar eso», aunque «no depende exclusivamente de nosotros».
«Depende del Ministerio de Fomento y de las otras entidades que se han comprometido a financiarlo», como son la Generalitat valenciana y los ayuntamientos de Alicante, Benidorm y Javea, explicó.
Unas administraciones que, a juzgar por las declaraciones realizadas ayer por la alcaldesa de Alicante, tampoco están por la labor de colaborar en la financiación de la entidad en tiempos de crisis. Castedo reconoció que el Consistorio alicantino no ha abonado a Casa Mediterráneo la aportación municipal correspondiente a 2011 y dijo que no lo hará hasta que «la economía del Ayuntamiento lo permita».
Margallo, por su parte, señaló que «si somos capaces de encontrar un contenido que aporte valor añadido a las empresas valencianas o españoles que quieran liderar el Mediterráneo, tendremos también financiación privada». Una vía por la que ya abogó hace unos meses en su primera visita a la Comunitat como ministro de Exteriores.
En su opinión, Casa Mediterráneo tendrá «un porvenir más que brillante» si «es capaz de centralizar la llamada política de vecindad de la Unión Europea (UE), los esfuerzos de la Unión para el Mediterráneo y todos los esfuerzos en materia de perspectivas europeas, estatuto avanzado, sociales y culturales».
La alcaldesa de Alicante coincidió con Margallo en que hay que «reestudiar» la obra de Casa Mediterráneo y replantearse los plazos, dadas las circunstancias económicas actuales.
Por su parte, el portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, exigió al Gobierno Central que destine los fondos necesarios para al menos completar la rehabilitación de la estación de Benalúa de modo que pueda empezar a funcionar como sede de Casa Mediterráneo. EU apoya la propuesta de la directora de Casa Mediterráneo, Yolanda Parrado, para que al menos se complete la rehabilitación arquitectónica de la antigua estación ferroviaria y pueda destinarse a uso público.
El portavoz de EU destaca el gran valor arquitectónico de una estación ferroviaria histórica que «ha llegado hasta nuestros días prácticamente intacta», y que puede constituir, en opinión del regidor, «una potente pieza de atracción turística en sí misma» que además podría aumentar su capacidad de atraer visitantes a la ciudad si albergara una programación estable de actos vinculados a Casa Mediterráneo.
Además, reclamó a Gobierno central y Consell que se pongan de acuerdo para desbloquear las obras del acceso sur, en el que se integraría la sede.
