Al gobernador del Banco de España (BdE), Miguel Ángel Fernández Ordóñez, le llovieron las críticas cuando recién concluido el pasado verano, todavía pendiente de adjudicar la CAM, calificó la gestión de la caja como «lo peor de lo peor». No fueron pocas las voces que atacaron al supervisor por considerar que estaba echando por tierra el poco atractivo que le podía quedar a la entidad alicantina para captar una oferta de adquisición mínimamente interesante.
Analizadas ahora con perspectiva estas declaraciones, a la luz del expediente disciplinario emitido el pasado jueves contra la antigua cúpula de la caja (49 personas que ocuparon su puesto entre 2008 y julio de 2011, cuando se produjo la intervención), se puede decir, sin miedo a equivocarse, que el gobernador no exageraba. Las imputaciones que el regulador bancario hace a ejecutivos, consejeros y miembros del comité de control son las más graves que puede afrontar alguien que trabaja como gestor en una entidad de ahorro: concesión de créditos sin el debido control de riesgos para favorecer a socios de la entidad, uso de artificios contables para ocultar una elevada tasa de impagos, retribuciones de dudosa legalidad e incumplimiento de los requerimientos del Banco de España para regularizar la situación de la cartera crediticia.
Solo la participación en 65 sociedades inmobiliarias generó un agujero de mil millones de euros en las cuentas de CAM, según concluye el BdE. Uno de los grandes responsables a los que señala el informe sancionador por la quiebra de la entidad, con esa política de inversión en el ladrillo poco menos que suicida, es el ex director general Roberto López Abad, junto con su ejecutivo Daniel Gil Mallebrera. Pero tampoco salen nada bien parados su sucesora en el cargo, María Dolores Amorós, ni el expresidente Modesto Crespo, quien solo en 2010 percibió de la CAM 300.000 euros en concepto de dietas.
Como ejemplo extremo de la política de la CAM en el apartado inmobiliario, el BdE saca a relucir la compra de un solar por el que la caja alicantina pagó 30 veces el valor original: unos terrenos comprados en 2004 por 1,3 millones por la mercantil Nyesa fueron adquiridos por la CAM en 2009 por 33,5 millones. El supervisor considera que la CAM financió suelo muy por encima del precio de compra originario y permitió a sociedades participadas disponer de fondos sin conocer el objeto de la financiación. Igualmente llamativo resulta, a juicio del BdE, el apoyo de CAM a proyectos especulativos que dependían de decisiones administrativas que ni mucho menos estaban garantizadas. En toda esta labor fue clave el papel que desempeñó la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), constituida en 2002, un año después de incorporarse López Abad a la dirección general, encargada de gestionar inversiones de la caja en 65 sociedades no cotizadas del sector inmobiliario y hostelero.
Y en cuanto a la concesión de créditos, los técnicos se escandalizan de la escasa preocupación por la capacidad de pago del cliente. La caja centraba su preocupación en el valor de tasación de la garantía, no en el riesgo de no poder recuperar el dinero prestado.
De todo ello deben defenderse ahora los 49 expedientados por el Banco de España, quienes ya han empezado a reunirse con sus abogados para sellar una estrategia en la presentación de alegaciones. No lo tendrán fácil, puesto que el Banco de España es partidario de imponer sanciones tan duras, o más, como las que acordó para los gestores de la intervenida Caja Castilla-La Mancha. Por la comisión de infracciones muy graves, los administradores se enfrentan a una multa individual por importe máximo de 150.000 euros y a la inhabilitación para ejercer en cualquier entidad de crédito o del sector financiero.
En julio del año pasado, el Banco de España capitalizó la CAM con 2.800 millones de euros a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y le otorgó una línea de crédito por 3.000 millones de euros para asegurar su liquidez. Posteriormente, la adjudicó al Banco Sabadell, el único postor, el 7 de diciembre por el precio simbólico de un euro. Asimismo, libró una ayuda procedente del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD, que se nutre de las aportaciones de las entidades financieras, por importe de 5.249 millones de euros.
La Caja de Ahorros del Mediterráneo sufrió en 2011, el año de su intervención por el Banco de España, un fuerte deterioro en su gestión, que provocó que la morosidad de sus clientes se disparara del 9% al 23,6%. El pasado miércoles, el Banco CAM informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que 2011 lo cerró con unas pérdidas de 2.731 millones de euros.
En su anterior comunicación a la CNMV, en diciembre, admitió unas pérdidas de 1.136 millones de euros hasta octubre. La cifra final representa más del doble de esa cantidad.
