El exalcalde de Bigastro volverá a pasar por los juzgados de Orihuela para explicar su imputación en el caso del presunto uso de dinero público en el 'caso del Touareg'.
La titular del juzgado Número 3 ha emitido un auto en el que cita de nuevo como imputado al exregidor socialista para el próximo día 23, una vez que el Ministerio Fiscal solicitó el pasado 19 de enero la práctica de nuevas diligencias de investigación y una nueva comparecencia de Moya y otros imputados, como los dos empresarios que están envueltos en la misma causa. Moya tiene sobre sus espaldas un presunto delito de cohecho pero ahora debe sumar otros.
La juez aprecia la existencia, recuerda en su escrito, de la posible existencia de nuevos delitos a investigar y ha pedido una declaración ampliatoria como imputados para el propio Moya, Manuel Nortes y José Almarcha. La magistrada deja claro que los delitos investigados deben extenderse a la malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales de dinero municipal.
El procedimiento es una de las cinco piezas que llevó a prisión al exalcalde de Bigastro. Se trata del supuesto regalo a Moya de un vehículo de alta gama, un Volkswagen Touareg, por parte de los promotores que recibían obras de acondicionamiento de calles por parte del Ayuntamiento. En este caso el fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, emitió un informe en el que indicó que Moya deberá ser juzgado conforme a la Ley del Jurado en la Audiencia Provincial.
La Guardia Civil apuntó en sus informes iniciales que el exalcalde podría haber vendido el coche, valorado en unos 60.000 euros, y haberse comprado con el dinero que sacó otro vehículo más barato
La magistrada dice que esa nueva ronda de declaraciones se fundamenta en la documentación e informes remitidos por el Ayuntamiento de Bigastro, de la que se desprende que el Consistorio libró veinte pagarés a favor de los dos últimos, «con la firma de los tres claveros sin la existencia de expediente administrativo alguno que justificase su emisión, sin que los mandamientos de pago cumpliesen con los requisitos legales establecidos y sin que conste tampoco la prestación del servicio pagado».
Bajo ese mismo argumento ha citado, para el mismo día, a Antonio Saseta, en su condición de secretario municipal en el momento de los hechos y a Mari carmen Grau, que era la tesorera y teniente de alcalde de Moya cuando se cometieron. Además llama como testigo a la actual secretaria, Paz Chazarra, para que preste declaración como testigo para aclarar su informe.
El auto de la juez también acuerda la práctica de una serie de diligencias para esclarecer los hechos, ya que «parece que en el Ayuntamiento no constan los expedientes completos solicitados y es necesario saber si los contratos de prestación de servicios existieron» y que fija en seis actuaciones periciales, desde la petición de contratos de adjudicación a la empresa de los dos imputados, en los ejercicios del 2002 al 2008, además de plicas presentadas, documentación del concurso, proyectos, memorias, albaranes y certificaciones de obra, entre otras.
Además reclama listados de trabajadores de Torrebir, la empresa de ambos constructores, a la Seguridad Social; y a la Agencia Tributaria requiere declaraciones de ingreso y pagos.
