Los trabajadores de la Mancomunidad de Promoción Económica se han hartado de estar 143 días sin cobrar y han emitido un comunicado en el que culpan a la presidenta y alcaldesa de Bigastro, Charo Bañuls, de que «jamás se ha interesado por conocer a fondo la entidad».
Los trabajadores de la MPE ya acumulan más de cuatro meses sin cobrar sus nóminas «y sin expectativas de que nadie diga cuándo se va a resolver esta situación», recuerdan. Los 17 empleados, que dependen de los municipios de Algorfa, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Jacarilla, Los Montesinos, Redován, San Fulgencio, San Isidro y San Miguel de Salinas, continúan, explican «desarrollando su trabajo a pesar de las dificilísimas circunstancias que están padeciendo y del quebranto económico y personal que está suponiendo esta situación».
Recuerdan en su nota que desde que Bañuls accedió al cargo el pasado septiembre comenzaron los rumores sobre que la entidad tenía los días contados, hecho que los empleados consideran insólito «ya que en ningún momento este dato ha estado apoyado por un estudio profundo de la situación económica de la entidad».
Reprochan a la presidenta que «jamás se ha interesado por conocer los departamentos, sus funciones, el personal que los compone o los servicios que prestan», lo que indica, a su juicio, «que no ha habido voluntad de encontrar vías alternativas al cierre». Dicen los empleados que solo se ha interesado por conocer si los programas y los empleados «están sujetos a alguna subvención, pero no qué servicios reciben los ciudadanos, a cuántos se atiende, o qué necesidades se cubren».
Asimismo indican que la dejadez ha llegado hasta el punto de que durante unos días se quedaron sin línea telefónica, «a pesar de haber avisado con tiempo de que había un pago pendiente, y tras el corte sí que autorizó el pago por lo que ya se ha restablecido el servicio», resaltan en su escrito.
Otra cuestión que le reprochan a Bañuls es que «las escasas visitas» de la presidenta a la sede para tratar la situación actual de los trabajadores siempre han sido a petición de éstos. Bañuls, dicen, se ha limitado a decirles que cobrarán cuando pague la Generalitat, «escurriendo la responsabilidad de los municipios, pero eso sí, pidiendo a los trabajadores que no abandonen los programas en los que están trabajando en este momento por el interés de no perder las subvenciones» y finalizan su queja recordando que hay un expediente de regulación de empleo sobre sus cabezas «del que sabemos, como otras cosas, por los medios de comunicación».
