María Dolores Amorós, Modesto Crespo y Roberto López Abad, antigua cúpula de la CAM | Foto: CARLOS RODRÍGUEZ | Vídeo: M.R.S.
El Banco de España reacciona por fin ante la mala gestión en la CAM y exige responsabilidades. La comisión ejecutiva del banco emisor ha decidido abrir un expediente sancionador contra los antiguos dirigentes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM ) por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión. La iniciativa afectaría a los directivos que participaron en la gestión de la entidad desde el año 2008 así como a los miembros del consejo de administración y de la comisión de control. Eso sí, se ha hecho siete meses después de que la caja fuera intervenida.
Fuentes financieras han añadido que el expediente podría afectar a más de 40 personas, a las que se investigará para determinar si cometieron algún tipo de negligencia o irregularidad durante los años que estuvieron al frente de la entidad alicantina. Entre ellos aparecen destacados empresarios y profesionales alicantinos, empezando por el antiguo presidente, el ilicitano Modesto Crespo, así como por los exdirectores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, entre otros integrantes del equipo directivo durante los últimos años.
Hay que tener en cuenta que en esa lista estarían también otros reconocidos representantes del mundo económico de la provincia como el presidente de la Cámara de Comercio, José Enrique Garrigós; los promotores inmobiliarios Armando Sala (exvicepresidente de la caja) y Aniceto Benito; o el expresidente de la patronal hotelera Hosbec, Pere Joan Devesa.
Incluso, entre los afectados aparecen nombres tan relevantes en la vecina Región de Murcia como Ángel Martínez o el actual consejero de Economía en el gobierno de Valcárcel, Juan Bernal.
Un dato a tener en cuenta es que la apertura del expediente se ha conocido un día después de que la CAM revelase la fuertes pérdidas con que cerró el ejercicio 2011, y que ascendieron a 2.713 millones de euros, en parte debido a los saneamientos realizados por el FROB a final del año, y que ascendieron a 3.100 millones de euros.
Ahora, con la apertura del expediente, se inicia un proceso que podría concluir con la imposición de sanciones leves o graves por parte del Banco de España o, en último extremo, con sanciones muy graves, en cuyo caso el encargado sería el Ministerio de Economía.
Los implicados en la investigación cuentan a partir del momento en el que se les comunique su situación, con un plazo de 20 días para hacer las alegaciones que estimen pertinentes al pliego de cargos presentado. Tras este paso, el Banco de España elaborará una propuesta de resolución, a la que también se podrán plantear alegaciones, para concluir con una resolución final. Ya el pasado mes de septiembre, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, calificó de «escandalosa» la gestión de los exdirectivos, tachando a la entidad de ser «lo peor de lo peor». Antes, el 22 de julio, decidió sustituir a los gestores, en la que fue su tercera intervención de una caja desde el inicio de la crisis.
Tres semanas después de la intervención, los administradores elegidos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para gestionar la entidad destituyeron a la que fue hasta ese momento la directora general, María Dolores Amorós. Los motivos aducidos para el despido fueron que, tras haber sustituido a Roberto López a finales de 2010, «buscó el beneficio propio, falseó las cuentas y realizó una gestión deficiente» desde su cargo.
Multas de 500.000 euros
Los técnicos del FROB desvelaron un agujero a junio de 2011 de 1.136 millones, cuando tres meses antes la caja presentó 39,8 millones de beneficios. La ley de disciplina e intervención de entidades de crédito, en base a la que se intervino la caja y se abre ahora el expediente, fija como infracción presentar una contabilidad irregular que impida conocer la situación financiera de la entidad. Las multas a las que se podrían enfrentar llegan hasta los 500.000 euros y diez años de inhabilitación. Aunque las sanciones para los expresidentes de CCM y Cajasur, Juan Pedro Moltó y Santiago Gómez Sierra, ascendieron a 155.000 y 180.000 euros, además de ser suspendidos de su actividad.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska inició ya una instrucción contra Amorós, a la que se acusa de delito societario, estafa y falsedad documental. También existen denuncias contra el expresidente Vicente Sala -ya fallecido- así como contra su sucesor en el cargo, Modesto Crespo, por apropiación indebida, falsedad y delito societario.
