La Mesa de las Cortes, en su reunión previa a la sesión plenaria de este jueves, modificó ayer el orden del día previsto para incluir como cuarto punto el debate y votación de la resolución presentada por 12 diputados populares por la que se acuerda la retirada de la Proposición de Ley relativa al Agua, que actualmente se encuentra en tramitación en las Cortes Generales.
Ante la modificación en el Orden del Día, el Grupo Parlamentario Socialista al completo compareció ante los medios para criticar la decisión, ya que a juicio de su portavoz, José Luis Martínez Guijarro, se ha hecho «exclusivamente porque este es el último Pleno antes del Congreso Nacional del PP». Del mismo modo, manifestó que la presidenta regional, María Dolores de Cospedal , «quiere poder asistir al Congreso poniendo en bandeja los intereses de la región para seguir siendo secretaria general del partido». Para los socialistas, «es intolerable alterar el orden del día con tanta urgencia». Además, argumentan que «una vez más los intereses de los castellano-manchegos están a disposición de los intereses políticos de Cospedal».
La Ley del Agua señala que no se podrá autorizar ningún trasvase desde el Tajo sin que previamente y en cada caso esté justificado que son recursos excedentarios de esta cuenca y que se están optimizando los recursos hídricos de la cuenca del Segura. La norma especifica que los recursos procedentes de la desalinización, reutilización y modernización de los regadíos deben aplicarse de forma prioritaria para sustituir los caudales procedentes del Tajo con destino a los regadíos del Levante. Añade que la Confederación Hidrográfica del Segura realizará los estudios precisos para conocer los recursos subterráneos, y éstos se incorporarán a los balances de recursos y demandas y se destinarán a atender las necesidades sustituyendo los caudales procedentes del Tajo.
La ley también señala que el Plan Hidrológico del Tajo garantizará la existencia de una lámina estable y permanente de agua en los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía que permita a los pueblos ribereños desarrollar actividades económicas relacionadas con el ocio y el turismo.
