La alcaldesa de Guardamar del Segura, Carmen Verdú, se reunió ayer con el subdelegado del Gobierno en Alicante, Alberto Martínez, con el objetivo de abordar la complicada situación del bloqueo que ha supuesto el deslinde que Costas realizó sobre dos sectores urbanizables. Ambos espacios quedan supeditados a la nueva normativa y restricciones marcadas por el Ministerio de Medio Ambiente.
El deslinde marítimo-terrestre lo llevó a cabo el anterior Gobierno de Rodríguez Zapatero para salvaguardar el espacio dunar y la mayor parte de la pinada guardamarenca. La primer edil le hizo ver a Martínez que el Ayuntamiento de Guardamar no está de acuerdo con el resultado del deslinde ya que «sigue afectando a algunas zonas y deja inviables dos sectores urbanísticos, perjudica el uso de la parcela pública junto al Puerto y sigue afectando a numerosas viviendas». Las urbanizaciones más perjudicadas por la enajenación de la pinada son Pinomar y las que se encuentran frente a la playa de La Roqueta
Además, la alcaldesa le anunció al subdelegado que los técnicos municipales preparan un recurso de reposición contra el decreto ministerial publicado el pasado mes de diciembre, «cuando el Gobierno estaba funciones».
