La autorización otorgada por la Autoridad Portuaria a la empresa Marpol Alicante para la implantación de una planta de recogida y tratamiento de residuos en la zona de poniente del Puerto ha desatado las protestas de los colectivos ciudadanos y partidos políticos. Una oposición que se suma a la ya expresada por la Plataforma en Defensa del Puerto que ha anunciado que «utilizará todas las posibilidades que conforme a derecho nos asistan para frenar este atropello a la ciudad de Alicante, al igual que hicimos con la planta química de biodiésel».
El PSOE ha exigido al presidente de la Autoridad Portuaria, José Joaquín Ripoll, y a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo (PP), que antepongan el interés de la ciudad a sus batallas personales y que se pongan de acuerdo en un modelo urbano. Por su parte, el portavoz del grupo municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, acusa a Ripoll de anteponer los intereses económicos del puerto, como es el cobro de un canon concesional a la empresa promotora de la planta, a la protección de la salud y el entorno y a la integración entre el puerto y la ciudad.
En un comunicado, el edil socialista Pablo Rosser ha reiterado que su grupo está totalmente en contra de que el área logística del puerto «se convierta en el fondo de saco en el que entra todo lo que no quieren en otros puertos». El PSOE propone celebrar una reunión bilateral de la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento en la que se cree una comisión mixta que trate todos los temas portuarios, entre otros, la planta de residuos, y concreten cómo y de qué manera modificar el Plan Especial del puerto.
El concejal de UPyD en el Ayuntamiento, Fernando Llopis, indicó que van a realizar un estudio sobre las posibles repercusiones negativas de la instalación de una planta de tratamiento de residuos en el puerto de Alicante, y anuncia que se reunirá con el presidente de la Autoridad Portuaria así como con representantes de la empresa Marpol y con las asociaciones de vecinos más afectadas y que pedirán la opiniones de expertos en la materia de la Universidad de Alicante.
La coalición Compromís ha pedido a la consellera de Infraestructuras y Medio Ambiente, Isabel Bonig, que aclare si la Generalitat aprobará la planta de tratamiento. La diputada Mireia Mollà ha exigido un emplazamiento alternativo que evite riesgos, pues, según ha añadido, esta infraestructura «podría provocar problemas para la salud de los vecinos de los barrios cercanos».
