Encierro en el edificio PROP de Alicante. | Foto: ÁLEX DOMÍNGUEZ | Vídeo: M.F.J.
Un nuevo pulso a la Generalitat. Profesores, padres y representantes sindicales de todo el sector público afectado por los recortes tensaron ayer más la cuerda para exigir la retirada del 'decretazo' contra los recortes.
En principio solo estaban convocados los centros educativos de la provincia para que, masivamente, los colegios se sumaran a la convocatoria de encierros que iniciaron los institutos. Sin embargo, a las dos del mediodía la cadena se fue extendiendo a las sedes del Consell como el edificio Prop, el Palacio del Justicia y la dirección territorial de la Conselleria de Educación, que también fueron 'tomadas'. Ahora bien, no todos consiguieron su objetivo y fueron desalojados por orden de la Generalitat, tal y como denunciaron.
Así ocurrió en el Prop, cuyo encierro a las dos de la tarde solo se pudo prolongar durante unas horas a pesar de tenían previsto pasar toda la noche. Pasadas las cinco de la tarde tuvieron que abandonar el edificio 'invitados' por la policía.
Las juntas de personal -órganos unitarios de representación del personal funcionario- y los comités de empresa -del personal laboral- de los diferentes sectores de la Generalitat, como Justicia, Enseñanza y Administración habían acordado un encierro de 24 horas para exigir la derogación del decreto-ley.
La oleada se extendía por toda la Comunitat, a una decena de sedes públicas de Alicante, Valencia y Castellón como las consellerias de Sanidad y Educación en Valencia, Bienestar Social y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. En el caso de Alicante se organizaron en la Torre de la Generalitat, en Rambla de Méndez Núñez, en los juzgados del edificio de la calle de Pardo Gimeno, y en la dirección territorial de Educación, en la calle Carratalá, donde la junta de personal no docente decidió a las seis de la tarde iniciar un encierro hasta las doce de la noche.
«Seguiremos con más acciones de protesta aunque nos hayan impedido llevar ésta a cabo», aseguró la presidenta de la junta de personal, Magdalena Maciá, tras ser desalojada del edificio Prop. Estaban decididos a «quedarnos» a pesar de no tener permiso y cogieron la sala de reunión para acampar. «Primero nos han invitado y luego ya con amenazas», apuntó Maciá, quien recordó que el decreto conlleva repercusiones «a toda la ciudadanía implicando la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de impuestos, la pérdida de derechos y alteración de las relaciones laborales, pérdida y precarización del empleo, además de la pérdida de los servicios públicos». El desalojo, comunicado por el Consell, según afirmaron los delegados fue de manera pacífica porque «el edificio se tenía que cerrar».
Donde también se dio aviso de desalojo fue en Ivadis de Elche (Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social), que tenían intención de permanecer en su interior toda la noche. El comité de empresa recordó los problemas asistenciales por los recortes ya que más de la mitad de la plantilla es interina. La presidenta, Concepción García Copado, afirmó que actualmente hay 40 usuarios en la residencia, otros 40 en el centro de día y que por los distintos talleres pasan entre 60 y 80. «Estamos hablando de más de trescientos usuarios a los que afectará el recorte de personal», dijo.
La deuda que arrastra el Consell con los centros del Ivadis asciende a unos 15 millones de euros, según García, que hizo especial hincapié en que muchos de los usuarios «están directamente bajo la tutela de la Generalitat». A las ocho de la tarde también fueron desalojados.
En el Palacio de Justicia, la junta de personal decidió acabar el encierro a las seis y media de la tarde tras recibir una aviso, según CC OO, y una hora después continuaban con la protesta en las instalaciones de la dirección territorial de Educación, cuya junta de personal no docente había aprovechado la sala donde estaba haciendo la asamblea para hacer el encierro y un 'soparet'. A las nueve de la noche todavía no habían tenido ningún problema de desalojo, según UGT.
Mientras, desde primera hora de la tarde, los colegios se sumaron también a la convocatoria de la junta de personal, aliándose con los institutos que fueron pioneros y comenzaron con este tipo de medidas hace dos semanas. Así ocurrió en el Colegio Monte Benacantil de Alicante, uno de los centros donde se encuentran asfixiados por las deudas y que enviaron circulares a los padres para que se sumaran a la convocatoria con el fin de explicarles las consecuencias de los recortes. Así lo hicieron. En el municipio de Mutxamel, colegios e institutos se juntaron en un encierro y las protestas se extendieron a la zona de La Vila y de Benidorm. Solo en los cinco centros públicos de Mutxamel la deuda asciende a 100.000 euros. «Ya estamos hartos y exigimos al Consell la retirada del decreto-ley», reclamaron.
